Ministerio Público de la Defensa

Con el objeto de garantizar un acceso igualitario y efectivo a la justicia de los sectores más vulnerables, y en particular, la representación letrada de víctimas en causas donde se investigue la comisión de delitos de acción pública, en el año 1999 la Defensoría General de la Nación dictó la Resolución D.G.N. Nº 559/99, a través de la cual se instruyó a los Defensores Oficiales del fuero penal la misión de asumir la asistencia técnica de toda persona que lo solicitara para actuar en el proceso penal como querellante particular y, eventualmente, como actor civil, siempre y cuando no les fuera posible solventar económicamente un abogado de la matrícula.

Por la relevancia institucional que ese tipo de intervención adquirió, en el año 2008 se suscribió un acuerdo tripartito entre el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que estableció las Reglas y Requisitos para la procedencia de solicitudes de patrocinio letrado para constituirse como querellante en causas penales.

Constituyen tales requisitos la insuficiencia de recursos económicos del solicitante para contratar los servicios de un abogado de la matrícula; la necesidad de que los hechos denunciados afecten bienes jurídicos de suma importancia o relevancia institucional; y que el planteo del caso resulte verosímil y viable en términos jurídicos.