Ministerio Público de la Defensa

En el año 1994, la incorporación a la Constitución Nacional de una serie de instrumentos internacionales referidos a derechos humanos marcó un hito en lo que respecta a la recepción de los estándares de derechos humanos en la Argentina.

Las interpretaciones divergentes sobre la relación de jerarquía entre las normas del derecho internacional de los derechos humanos con aquéllas del ámbito interno fueron superadas a raíz de la solución expresa que trajo el texto constitucional: las declaraciones y tratados incluidos en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia.

En este contexto normativo, en el mes de marzo de 1998, la sanción de la ley 24.946 «Ley orgánica del Ministerio Público» ­cuyo artículo 51 inc. ll y V establecen que entre los deberes y atribuciones del Defensor General de la Nación está el coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación ante los organismos internacionales y autoridades de otros países así como también patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, antes los organismos internacionales que corresponda a las personas que lo soliciten­. Ello favoreció la creación, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, de un programa específico para propiciar en el litigio local la aplicación de las normas de los tratados de derechos humanos y las decisiones emitidas por los órganos de aplicación de dichos instrumentos.

El Programa para la aplicación de tratados sobre derechos humanos fue creado el 21 de abril de 1998, a través de la Resolución D.G.N. Nº 370/98 y su objetivo principal consiste en brindar soporte técnico al trabajo de los defensores públicos.