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Nombre peticionante
Gerson Milusk de Carvalho (Petición Nº 133-03)

País
Brasil

Defensores Interamericanos designados
Dr. Carlos Eduardo Barros da Silva  (por CONDEGE - Brasil) y Dr. Alberto Hassim González Herrera (por la Dirección Nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio de Panamá).

Hechos del caso
   
En relación a los hechos del caso, éste versa sobre alegadas violaciones al debido proceso penal. La presunta víctima, un ex policía militar del estado de Paraná (Brasil), alega que en 1995 fue arrestado sin orden judicial por un grupo especial de la policía militar, detenido ilegalmente en una hacienda y torturado, y luego llevado a declarar ante el Comisario de la policía sin representación legal. Con base en declaraciones obtenidas bajo tortura, habría sido condenado por homicidio y por el delito de asociación para delinquir.  En el año 2006 habría sido puesto en libertad.

En su petición originaria de 2003, el Sr. Carvalho denunció torturas físicas y psicológicas, negación del derecho a la defensa, abuso de poder durante su privación de la libertad. En este sentido, fue acusado de un doble homicidio ocurrido en la comarca Pitanga, Paraná, el 2 de marzo de 1995, y condenado a 26 años de prisión. Alega que en el momento de su detención ilegal  (junto con cuatro personas más) por parte del Estado, se habría allanado su residencia sin orden judicial, aunque no se encontró ningún arma. Además, según alega en su escrito, al peticionario se le aplicaron prácticas de tortura psicológica y física en la dependencia policial (“Posto policial rodoviário de Pitanga”), que consistió en prácticas de ahogamiento y de choques eléctricos,  por un lado, colgado de una madera y, por otro, sin ropa con una cámara de automóvil rodeándole los antebrazos y otra las piernas y con una capucha en la cabeza. Mientras sufría estás torturas, le acercaron un grabador de cassette para que confiese su participación, junto con las demás personas, en el crimen mencionado. Asimismo, le negaron todo tipo de consulta con un abogado. La presunta víctima negó toda acusación. Sin embargo, los policías lo acusaron de integrar una cuadrilla militar que cometió varios delitos ocurridos en el Estado de Paraná, incluido el doble crimen.

En su petición originaria de 2003, el Sr. Carvalho denunció torturas físicas y psicológicas, negación del derecho a la defensa, abuso de poder durante su privación de la libertad. En este sentido, fue acusado de un doble homicidio ocurrido en la comarca Pitanga, Paraná, el 2 de marzo de 1995, y condenado a 26 años de prisión. Alega que en el momento de su detención ilegal  (junto con cuatro personas más) por parte del Estado, se habría allanado su residencia sin orden judicial, aunque no se encontró ningún arma. Además, según alega en su escrito, al peticionario se le aplicaron prácticas de tortura psicológica y física en la dependencia policial (“Posto policial rodoviário de Pitanga”), que consistió en prácticas de ahogamiento y de choques eléctricos,  por un lado, colgado de una madera y, por otro, sin ropa con una cámara de automóvil rodeándole los antebrazos y otra las piernas y con una capucha en la cabeza. Mientras sufría estás torturas, le acercaron un grabador de cassette para que confiese su participación, junto con las demás personas, en el crimen mencionado. Asimismo, le negaron todo tipo de consulta con un abogado. La presunta víctima negó toda acusación. Sin embargo, los policías lo acusaron de integrar una cuadrilla militar que cometió varios delitos ocurridos en el Estado de Paraná, incluido el doble crimen.

Cabe destacar que, la CIDH ha decidido acumular la admisibilidad al fondo, con lo cual no ha dictado un informe de admisibilidad.