Nombre   
Canales Huapaya y otros vs. Perú  (Caso No. 12.214)

Defensores Interamericanos designados
   
Dr. Antonio José Maffezoli (Brasil)
Dr. Santiago García Berro (Argentina)

Situación procesal actual
   
Remisión a la Corte IDH: 5 de diciembre de 2013
   
Comunicado de Prensa CIDH >

Designación de DPIs: 10 de abril de 2014

Remisión del ESAP: 6 de marzo de 2014

Audiencia de fondo: 17 de octubre de 2014
   
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Alegatos finales escritos: 17 de noviembre de 2014

Sentencia de fondo: 24 de junio de 2015

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Hechos del caso
   
Los hechos de este caso están relacionados con la violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, como consecuencia de la falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a los ceses en calidad de funcionarios permanentes del Congreso de la República del Perú. En cuanto al señor Carlos Alberto Canales Huapaya, el 6 de agosto de 1998 el Tribunal Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo bajo el fundamento de que su pretensión no podía ser atendida por esa vía. En el caso de José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, el 25 de septiembre de 1998 el Tribunal Constitucional declaró su acción infundada por considerar que el cese se dio en cumplimiento de la ley y la Constitución. Los hechos de este caso comparten las características esenciales de los conocidos por la Corte Interamericana en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, que, como indicó la Corte en su sentencia, ocurrieron en el contexto de un marco normativo que les impidió a las víctimas tener claridad sobre la vía a la cual debían acudir para impugnar sus ceses.

Este caso refleja un contexto de inseguridad jurídica y consecuente indefensión judicial frente a posibles actos arbitrarios del poder público en el marco de los ceses colectivos que se dieron en la época. Además, el caso permitirá un análisis por parte de la Corte de la ausencia de un mecanismo de respuesta y reparación a esta problemática de falta de acceso efectivo a la justicia por los ceses colectivos, en la medida en que el sometimiento del caso ante el Tribunal refleja que las medidas dispuestas por el Estado en el marco del cumplimiento de la Sentencia del caso Trabajadores Cesados del Congreso, no ha impactado a otras personas en igual situación.

El 24 de junio de 2015, la Corte Interamericana dictó sentencia. El Tribunal determinó que el Estado era responsable por la violación de los derechos protegidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, en los términos de los párrafos 96 a 109 de la Sentencia.

El 18 de diciembre, la Corte IDH informó a los DPI que el Sr. Canales Huapaya que, a pesar de estar muy conforme con actuación de los DPI, los reemplazaría por su hermano en la etapa de ejecución de la sentencia. La señora Barriga ha manifestado su concordancia con la sentencia y reafirmado su deseo de que los DPI prosigan en su defensa.

El caso se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia.