Nombre
José Agapito Ruano Torres y familia vs. El Salvador  (Caso No. 12.679)

Defensores Interamericanos designados
   
Dr. Rudy Orlando Arreola Higueros (Guatemala)
Dr. Alberto Hassim González Herrera (Panamá)

Situación procesal actual
   
Remisión a la Corte IDH: 13 de febrero de 2014
   
Comunicado de Prensa CIDH >

Designación de DPIs: 14 de mayo de 2014

Remisión del ESAP: 7 de agosto de 2014

Audiencia pública: 23 de abril de 2015
   
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Alegatos finales escritos: 22 de mayo de 2015

Sentencia de fondo: 5 de octubre de 2015

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Hechos del caso
   
Este caso se trata de una secuencia de violaciones a la Convención Americana en perjuicio de José Agapito Ruano Torres y los efectos de dichas violaciones en su familia. José Agapito Ruano Torres fue privado de su libertad en su casa, en horas de la madrugada del 17 de octubre de 2000, siendo maltratado frente a su familia. La Comisión concluyó que los maltratos físicos y verbales constituyeron tortura. Posteriormente fue procesado y condenado penalmente en violación de las garantías mínimas de debido proceso. Actualmente continúa cumpliendo su condena.

En particular, José Agapito Ruano Torres fue condenado con serias dudas sobre si él era efectivamente la persona que se alegaba que había cometido el delito. Las únicas dos pruebas en que se basó la condena fueron practicadas con una serie de irregularidades. Por ello, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, consideró que la deficiente actuación de la defensoría pública constituyó una violación al derecho de defensa. En consideración de la Comisión, la privación de libertad en cumplimiento de una condena emitida en violación a dichas garantías fue, y continúa siendo, arbitraria. La Comisión también consideró que el Estado no suministró recursos efectivos para investigar las torturas sufridas, para proteger a la víctima frente a las violaciones al debido proceso, ni para revisar su privación de libertad.

El caso plantea un análisis novedoso relativo al derecho a la presunción de inocencia, específicamente sobre las diligencias mínimas que debe llevar a cabo un Estado para verificar la identidad de una persona antes de continuar con un proceso penal y emitir una condena en su contra. Asimismo, la Comisión destacó que el caso puede contribuir a desarrollar la jurisprudencia sobre el alcance de la responsabilidad estatal por las acciones y omisiones en que pudiera incurrir la defensa pública de una persona.

El 23 de abril de 2015 tuvo lugar en la Ciudad de Cartagena Colombia la audiencia pública en la cual el Estado del Salvador manifestó su reconocimiento y aceptación de su responsabilidad internacional.

El 5 de octubre, la Corte IDH dictó sentencia en la que declaró a El Salvador responsable por la violación del derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura, del derecho a la libertad personal, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa y a ser oído con las debidas garantías, y del derecho a la protección judicial, así como la falta de garantías d derecho a la integridad personal con respecto a la obligación de investigar actos de tortura, reconocidos en los artículos 5(1), 5(2), 7(1), 7(3), 7(6), 8(1), 8(2), 8(2)(d), 8(2)(e) y 25(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1(1) de la misma, en perjuicio de José Agapito Ruano Torres. Asimismo, declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 5(1) con relación al artículo 1(1) en perjuicio de sus familiares.

La sentencia se refiere específicamente al derecho de defensa y a los estándares de funcionamiento de la defensa pública. En este sentido, resaltó que la institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios (cf. párrafo 156).

Asimismo, afirmó que si bien la defensa pública corresponde a una función estatal o servicio público, se considera una función que debe gozar de la autonomía necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de asesorar según su mejor juicio profesional y en atención a los intereses del imputado. También estableció que el Estado tiene el deber de garantizar una adecuada defensa pública a través, por ejemplo, de la implementación de adecuados procesos de selección de los defensores públicos, del desarrollo de controles sobre su labor y de la organización de capacitaciones periódicas (cf. párrafo 163).

El caso se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia