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FUNCIONES

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina, como institución encargada de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas, tiene entre sus principales funciones:

  • Ejercer la defensa del imputado y el condenado en causas penales.

  • Patrocinar a las personas en situación de pobreza, a los ausentes y a los menores e incapaces (incluyendo su representación promiscua) para garantizar sus derechos ante la Justicia.

  • Velar por la defensa de los derechos humanos, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique su violación.

  • Diseñar y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los grupos especialmente vulnerables.


  • Ámbito de actuación

    El Ministerio Público de la Defensa tiene actuación en todos los fueros, de acuerdo a la siguiente especificación:

    Defensa penal: en materia penal, asume la defensa de toda persona imputada de un delito, siempre que no haya designado abogado particular.
    El ordenamiento procesal penal vigente prevé al derecho de defensa como un derecho del imputado, quien tiene la facultad de elegir quién será el abogado que lo defienda. Si dentro de un plazo determinado no lo hiciera, el Tribunal debe designarle de oficio al defensor público que corresponda, conforme el orden de turnos establecido por el Ministerio Público de la Defensa.
    El servicio es gratuito. Sin embargo, si el imputado resulta condenado y tiene medios suficientes al momento de la sentencia, debe abonar al servicio de defensa pública –a la institución y no al defensor individual- los honorarios que se regulen judicialmente (arts. 63 y 64, Ley Orgánica del Ministerio Público).

    Defensa en materia no penal: En materia no penal, el Ministerio Público de la Defensa asume la asistencia y patrocinio gratuito de las personas que deseen hacer valer sus derechos e invoquen y justifiquen pobreza.
    También debe asumir la representación en juicio de quienes se encuentran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos (defensores de pobres y ausentes).
    Las funciones encomendadas a los defensores de pobres y ausentes no se limita a la mera representación en juicio sino que también se ocupan de contestar consultas y brindar asesoramiento a las personas sin medios suficientes, que lo soliciten, procurando intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos de resolución de conflictos, antes del inicio de un proceso.

    Representación de menores de edad e incapaces: Asimismo, el Ministerio Público, a través de los defensores públicos de menores e incapaces, tiene a su cargo la representación promiscua de los menores de edad e incapaces, conforme lo establece el artículo 59 del Código Civil; intervienen en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores de edad o incapaces (tanto en materia penal como no penal), emitiendo el correspondiente dictamen.

    Tutela y curatela públicas: Por último, el Ministerio Público de la Defensa debe asumir funciones de tutela y curatela a través de los tutores y curadores públicos que ejercen, mediante mandato legal, la representación de la persona de los incapaces. En el caso de los curadores, también ejercen la asistencia y defensa especial, según corresponda. Tal intervención ocurre en los supuestos de ausencia del representante «natural» o de otros allegados en condiciones de asumir dicha función y por carecer de bienes de fortuna. Los tutores y curadores públicos tienen como misión, la protección de los menores de edad, en el caso de los primeros, y de los adultos que tuvieren padecimiento mental incapacitante y el control de internación de menores de edad internados, en el caso de los segundos, con el objeto de asegurar la defensa y el ejercicio de sus derechos.

    En todos los casos mencionados, el Ministerio Público de la Defensa interviene desde el inicio del proceso y en todas las instancias, inclusive en la etapa de la ejecución de la pena; y está legitimado, además, para actuar ante los organismos y tribunales internacionales que corresponda.

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