Diversas instituciones del ámbito judicial, académico y de la sociedad civil presentaron una investigación colaborativa que analiza cómo operan la selectividad penal, los prejuicios estructurales y las prácticas discriminatorias en los procesos judiciales por delitos vinculados a drogas que enfrentan personas travestis y trans en Argentina.
El lanzamiento de del libro “De la criminalización a la justicia: estrategias para la defensa de personas travestis y trans en casos de drogas” tuvo lugar el pasado 27 de noviembre, por la tarde, en un acto que se realizó en el Salón Auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación (DGN).
En la mesa de presentación participaron la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; la Defensora General de la CABA, Dra. Marcela Millan; la Directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Diana Maffía; y la presidenta de la Asociación Mocha Celis, Virginia Silveira.
Durante la presentación la Defensora General calificó a la publicación como un “enriquecedor trabajo conjunto e interdisciplinario entre organismos públicos y de la sociedad civil, que surgió del compromiso común por elaborar estrategias de defensa para las personas travestis y trans acusadas de delitos menores de drogas y que incorpora una perspectiva de género y de diversidad”.
Martínez caracterizó al colectivo travesti y trans como “una población históricamente vulnerada en sus derechos, fuertemente excluidas de los ámbitos familiares, educativos, laborales y sanitarios, y expuesta de manera constante a violencias múltiples y al estigma social”.
En referencia a la persecución penal de ese colectivo, afirmó que “muchas veces se sustenta en prácticas policiales discriminatorias y en estereotipos que asocian las identidades travestis y trans con la criminalidad”.
“La intersección entre condiciones de vida profundamente precarizadas, resultado de la discriminación estructural por razones de género, y un régimen penal altamente punitivo, genera un escenario donde la persecución penal se intensifica y reproduce las desigualdades sociales”, describió.
“A partir de toda esta situación resultó necesario elaborar argumentaciones jurídicas que tomen en serio esas vivencias, estudiar las características de los procesos penales contra la comunidad travesti y trans e identificar los estereotipos y prácticas discriminatorias para ofrecer herramientas de defensas penal más eficaces y respetuosas de los derechos humanos”, resumió.
Para finalizar, emocionada, la Dra. Martínez afirmó que “hoy, esta investigación y esta presentación son un acto de valentía que tiene que invitarnos a seguir luchando. En palabras de mi amigo Eduardo Galeano, ‘la historia nunca dice adiós, siempre dice hasta luego’. Los tiempos van y vuelven y va a volver a aparecer un futuro de luz. Mientras tanto, ¡valentía!”.
A continuación, tuvo lugar un panel en el que expusieron Laurana Malacalza, Subsecretaria de políticas contra las violencias de género del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Aramis Amaris, activista trans, abogada y docente (UNLP); y Luciana Sánchez, abogade lesbiane y militante transfeminista. El panel fue moderado por el Dr. Mariano Fernández Valle, coordinador del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la DGN.
La investigación
El estudio -elaborado de manera conjunta por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA, el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la CABA y la Asociación Civil Mocha Celis- se basa en el análisis de expedientes judiciales, estadísticas, entrevistas a personas travestis y trans criminalizadas y revisión de bibliografía especializada.
La investigación reconstruye cómo la intersección entre pobreza estructural, expulsión temprana de espacios educativos y laborales, precariedad habitacional, violencia institucional y estigmatización social configura trayectorias atravesadas por múltiples vulneraciones.
El documento muestra que:
- Las detenciones suelen originarse en intervenciones policiales fundadas en perfiles discriminatorios.
- Persiste el uso de estereotipos como el de la “travesti criminal” para justificar imputaciones agravadas y medidas de prisión preventiva.
- Las condiciones de encierro tienen un impacto diferencial y profundamente regresivo para este colectivo, en particular por necesidades sanitarias no contempladas y prácticas institucionales violentas.
El marco penal vigente en materia de drogas -atravesado por tipos penales amplios y escalas punitivas elevadas- profundiza la criminalización de personas travestis y trans, especialmente de quienes ejercen prostitución/trabajo sexual.
La investigación señala:
- Altos índices de privación de libertad sin condena firme.
- Evaluaciones de riesgos procesales basadas en parámetros que no contemplan las trayectorias reales del colectivo.
- Tendencia a sobredimensionar objetos cotidianos o dinámicas de supervivencia como indicios de comercialización.
Aportes prácticos para la defensa
El estudio sistematiza herramientas jurídicas para fortalecer la defensa penal con perspectiva de género e interseccionalidad, entre ellas:
- Identificación y litigio contra estereotipos y sesgos discriminatorios.
- Control riguroso de la actuación policial y la legalidad de la detención.
- Exigencia de prueba objetiva para descartar inferencias automáticas sobre fines de comercialización.
- Consideración de contextos de extrema vulnerabilidad para evaluar culpabilidad y posibles medidas alternativas a la pena.
- Fundamentación de medidas alternativas a la prisión, incluyendo arresto domiciliario con interpretación flexible acorde a estándares internacionales.
Una guía para políticas públicas y prácticas judiciales
El documento finaliza con una serie de recomendaciones para orientar la actuación de defensas penales y de la administración de justicia. Su objetivo es contribuir a la formulación de políticas públicas más justas e igualitarias y promover intervenciones que reconozcan las particularidades y vulnerabilidades específicas del colectivo travesti-trans.
