Desde el mes de junio está vigente para todo el personal del Ministerio Público de la Defensa (MPD) el Protocolo de actuación para la prevención y la intervención en casos de discriminación por motivos de género.
 
El Protocolo, aprobado por disposición de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, tiene por objeto garantizar un ambiente libre de discriminación en el ámbito del MPD, a través de acciones de prevención, orientación, abordaje y erradicación de la discriminación por motivos de género. Se destacan, entre otros puntos, el principio rector de la no revictimización y resguardos para evitarla; la incorporación de una licencia por violencia de género; y se incluyen medidas de protección.
 
La Defensora General también determinó que se modifique el Régimen Jurídico del MPD, y estableció que magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as en ejercicio de sus funciones deberán actuar de manera respetuosa y sin discriminación alguna con los/as demás integrantes del MPD, y con las y los integrantes del sistema de administración de justicia; así como también con sus asistidos/as y familiares.
 
El Protocolo considera como hechos de discriminación por motivos de género aquellas acciones u omisiones que excluyan, degraden u ofendan a las personas en razón de su sexo, género, identidad o expresión de género u orientación sexual, y restrinjan, limiten o anulen el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos.
 
Se incorpora una licencia con goce de haberes para los casos en que la persona sufra violencia de género y deba ausentarse por tal motivo, ya sea en toda la jornada laboral o en parte de ella, y se dispone que podrá justificar su inasistencia hasta un máximo de 10 días, en forma continua o discontinua, que será prorrogable cuando mediaren circunstancias excepcionales.
 
Entre otras cuestiones, el protocolo también señala que la persona que consulte o denuncie debe ser tratada con dignidad y se debe respetar la confidencialidad; la no revictimización (evitar que la víctima reitere el relato de los hechos y exámenes médicos y psicológicos, entre otros puntos), y se deberá proveer atención inmediata, evitando someter a la persona denunciante a demoras o derivaciones inconducentes o innecesarias.
 
Respecto a las medidas de protección, se especifica que la autoridad de aplicación evaluará la situación de riesgo y podrá adoptar las medidas que resulten necesarias, a favor de la persona denunciante y de los/as testigos/as ofrecidos en la investigación, para hacer cesar la situación de discriminación denunciada, evitar represalias como consecuencia de la denuncia y garantizar el normal desarrollo del procedimiento. Estas medidas podrán regir antes, durante, o con posterioridad a la tramitación del procedimiento disciplinario.
 
El protocolo, además de prever la adopción de medidas de prevención de la discriminación por motivos de género, crea un registro que permitirá contar con información para reorientar los esfuerzos institucionales, y un mecanismo específico para la presentación de las denuncias y tramitación de los procesos disciplinarios, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nº 26.485, de Protección Integral contra la Violencia de Género. De esta forma, se receptan en el organismo los lineamientos internacionales y nacionales en la materia.

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