El próximo domingo las titulares de las Defensorías Públicas Curadurías Perla Goizueta (Nº 7), Soledad Fernández Mele (N°17) y María Adelina Navarro Lahitte (N°18) estarán presentes en los hospitales Braulio Aurelio Moyano y José Tiburcio Borda para promover y efectivizar el derecho al voto de las personas allí alojadas, facilitándole los traslados hasta los respectivos centros de votación. Tal como vienen realizando desde 2015, las defensoras instaron a las autoridades de ambos hospitales a que concienticen al personal para que estimulen a los pacientes a participar, y solicitaron que les den permiso de salida y que se aseguren que cuenten con su Documento Nacional de Identidad.
En el actual contexto de pandemia, se redoblarán los esfuerzos que se vienen llevando adelante durante estos años de trabajo para que puedan hacerse efectivos todos los traslados que sean necesarios con la colaboración de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe resaltar que las personas alojadas en esos hospitales monovalentes de salud mental y en condiciones de votar se trasladarán de manera voluntaria en un móvil sin identificación de esa fuerza de seguridad y con personal de civil, a efectos de poder ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de estigmatización. Tal como ocurrió en años anteriores, el trayecto hasta los centros de votación se realiza con asistencia de personal de salud provisto por los hospitales para aquellas personas que requieran algún apoyo puntual.
Con estas prácticas, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) no sólo hace un reconocimiento formal del derecho al voto que poseen quienes están alojados en instituciones de salud mental, sino que trabaja incansablemente para garantizar su participación plena y efectiva en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás personas, tal como se encuentra establecido en el Artículo N°29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Así, el MPD refuerza la idea de que las personas que están en condiciones de votar deben hacerlo como derecho político de primera generación, intentando barrer con las múltiples barreras procesales y socioculturales que limitan el ejercicio de ese derecho.