El Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación (DGN) presenta su nueva publicación “Trata de personas con fines de criminalidad forzada: mulas bancarias o de dinero”, donde se analiza una nueva manifestación del delito de trata de personas que tiene como víctimas de explotación a las denominadas “mulas financieras”, “mulas bancarias” o “mulas de dinero”.
El objetivo de esta investigación es brindar un marco conceptual y jurídico que permita comprender esta modalidad de trata cada vez más extendida, sus implicancias en materia penal y los deberes del Estado en materia de identificación, protección, asistencia y no criminalización de las víctimas.
Estas personas, que generalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad, son reclutadas por redes criminales que utilizan sus cuentas, identidades o medios electrónicos en operaciones que integran esquemas de fraude, estafas, lavado de activos u otros delitos con contenido patrimonial. En el documento se sostiene que este fenómeno, a menudo invisibilizado, configura una forma autónoma de explotación y se advierte sobre el impacto de la doble victimización: quienes son explotados para cometer delitos suelen ser procesados y condenados sin que su condición de víctimas sea siquiera identificada, mientras los tratantes aseguran su propio beneficio e impunidad.
La investigación ofrece un abordaje integral de la problemática, y desarrolla:
• Los deberes estatales de identificación temprana, asistencia y protección de las víctimas de trata explotadas para cometer delitos, y el encuadre jurídico de esta modalidad en las finalidades de explotación de la Ley 26.364. • El principio de no penalización, su fundamento en el derecho internacional y su proyección en el artículo 5 de la Ley 26.364. • Los desafíos probatorios para acreditar criminalidad forzada. • Paralelos con la jurisprudencia sobre mulas correos de droga, aplicables por similitud estructural. • Los estándares emanados de organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT), Europol, Interpol y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El documento ofrece pautas orientativas a quienes asumen la defensa de los derechos de las víctimas, prestan asistencia técnica o patrocinio, u ofrecen asesoramiento, para garantizar la plena vigencia de la cláusula de no punibilidad de las víctimas de trata y explotación. Enfatiza la necesidad de que los operadores adopten un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de víctima. Constituye un insumo técnico que aporta herramientas para reconocer estas modalidades y evitar la criminalización de las víctimas, y también está dirigido a operadores del sistema de justicia en general, organismos de control, entidades financieras, áreas de prevención del delito y organizaciones de la sociedad civil.
La publicación se encuentra en la biblioteca virtual del MPD, y puede consultarse ingresando AQUÍ.
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) firmó un convenio marco de cooperación con el Colegio de Abogados de Ushuaia con la finalidad de generar un espacio de encuentro interinstitucional y colaboración para coordinar acciones con relación a la defensa de los derechos humanos y dar respuesta a las distintas problemáticas vinculadas al acceso a la justicia. El acuerdo también se orienta a fortalecer la formación y capacitación de los integrantes de ambos organismos.
Entre las actividades que se desarrollarán a partir de este acuerdo figuran la de coordinar iniciativas de capacitación y formación en materias de interés para fortalecer las actividades y funciones específicas de cada una de las partes, la difusión de derechos e información sobre la actuación de la defensa pública federal y los ámbitos de actuación del Colegio.
Para la implementación y ejecución de esas actividades el MPD designó al Dr. Guillermo Miguel Garone, Defensor Público Oficial Federal del interior del país a cargo de la Coordinación General de Defensa de la jurisdicción federal Comodoro Rivadavia, mientras que, para la misma función, por parte del Colegio de Abogados se nombró a la Dra. Lisi Cristofano, coordinadora de la Comisión de Capacitación de la entidad.
La firma del acuerdo la realizaron la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, en la ciudad de Buenos Aires, y la presidenta del Colegio, Dra. Macarena Aguilar Ackerman, en la ciudad de Ushuaia.
Para acceder al texto del convenio, haga clic AQUÍ.
Hoy por la mañana, se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y Cáritas Buenos Aires. El acuerdo fue rubricado por la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; el Secretario General de la UEJN, Dr. Julio Piumato; y el padre Sebastián García, Vicepresidente de Cáritas. El acto tuvo lugar en la sede de la UEJN (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1818, CABA).
El objetivo del convenio es promover herramientas para facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas en situación de vulnerabilidad asistidas por Cáritas y delimitar acciones destinadas a favorecer el servicio de defensa pública, a través de las actividades del Proyecto Francisco y del Equipo Acceder de la Defensoría General de la Nación. Para ello, se llevarán adelante capacitaciones del personal seleccionado por Cáritas y se promoverán instancias de intercambio, consulta y/o derivación de casos, orientadas a favorecer el efectivo acceso a la justicia y el derecho de las personas.
El MPD se compromete a brindar los datos de la dependencia del MPD a los/as asistidos/as que hayan perdido contacto con ella para procurar su re vinculación y asesorar en los casos que sean derivados por parte del personal designado por Cáritas. Por su parte, Cáritas procurará buscar y ubicar en territorio a los/las asistidos/as que hayan perdido contacto con sus defensores/as, siempre a requerimiento del MPD, y brindarles un servicio de asistencia a la familia; e informar al MPD los datos necesarios de los/as asistidos/as que se presenten a los Centros de Acompañamiento de Cáritas, y manifiesten haber perdido contacto con su defensor/a, para procurar su revinculación.
Luego de la firma del documento, la Dra. Martínez agradeció las gestiones de Julio Piumato para que este acuerdo se concrete y felicitó a Cáritas por representar a “la iglesia que le abre puertas a los pobres y a los marginados. Es muy importante que las puertas de la iglesia estén abiertas y que tengan contacto con nosotros, porque muchas veces la gente no sabe a dónde acudir para reclamar por sus derechos”.
