Defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
En el marco del 42º Período Ordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar los días 4 y 5 de junio de 2012 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, los representantes de los 35 Estados miembros aprobaron por unanimidad la Resolución AG/RES. 2714 (XLII-O/12) “Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”.
La iniciativa, que fuera presentada por la misión permanente de Argentina e impulsada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), subraya la importancia fundamental de la defensa pública para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia para todas las personas, en particular aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y sostiene que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental, es un medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.
En esta línea, el 3 de mayo de 2012, la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación y Secretaria General de AIDEF, realizó una presentación ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el marco del debate por este proyecto de Resolución. En aquella ocasión, la Dra. Martínez, convocada en su carácter de experta en la temática, expuso en la sede de la OEA en Washington y reiteró la necesidad impulsar la iniciativa.
Con esta resolución el organismo regional subrayó y apoyó la labor que vienen desarrollando los Defensores Públicos Oficiales de los Estados de la región, la cual “constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia”. Además, el organismo alerta a los Estados que aún no cuenten con una defensa pública autónoma, que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos e incita a la promoción de oportunidades de cooperación internacional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.
Esta Resolución es el complemento, ratificación y ampliación, de la anterior Resolución 2656 “Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores oficiales”, que fuera aprobada por la Asamblea General de la OEA durante el 41º período de Sesiones Ordinarias, en El Salvador.
El nuevo documento normativo aprobado por la OEA también destaca el trabajo que realizan los Defensores Públicos Interamericanos en la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el marco del acuerdo suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y AIDEF. Este acuerdo posibilitó la creación del cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos para garantizar el acceso a la justicia mediante la asistencia y representación gratuita a las personas cuyos casos llegan ante el máximo tribunal regional, siempre que el mismo solicite su intervención ante la ausencia de un abogado particular.
La creación de la figura del Defensor Público Interamericano fue ponderada por el presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, en su discurso ante la Asamblea General, como uno de los grandes logros alcanzados por el tribunal a lo largo del último año (Ver el Video).
Los Defensores Públicos Interamericanos, actuaron por primera vez en el caso caratulado “Sebastián Claus Furlan y familiares vs. Argentina”. En el mes de marzo pasado, en el marco del 94º Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, la Defensora Pública Oficial a cargo de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, Dra. María Fernanda López Puleio, y el Defensor de Uruguay Andrés Mariño, participaron como los primeros Defensores Públicos Interamericanos asignados como representantes legales de las presuntas víctimas.