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Víctimas de trata de personas: derecho a la reparación integral, investigación patrimonial y decomiso
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas de Trata de Personas recuerda los estándares internacionales y las obligaciones emanadas del deber de actuar con debida diligencia, en relación con el derecho a la reparación integral de las víctimas de trata, la investigación patrimonial y el decomiso.
Derecho a la reparación integral
El derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las víctimas de trata de personas, que se compone de cinco formas básicas: restitución, indemnización, rehabilitación o recuperación, satisfacción y garantías de no repetición, que deben aplicarse de manera complementaria según las características de cada caso.
- La restitución, siempre que sea posible, debe devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, y comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
- La indemnización es una compensación económica por todos los perjuicios económicamente evaluables, que debe ser proporcional al delito y a los daños sufridos. Incluye, entre otros, el daño físico o psicológico, el daño moral, el daño al proyecto de vida, los gastos de tratamiento médicos, psicológicos, asistencia jurídica o de otra índole, y los daños materiales como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante y la pérdida de chances. En los casos de trata de personas, la indemnización por sí sola no suele ser suficiente para reparar los daños causados y debe complementarse con otras medidas.
-La rehabilitación o recuperación debe incluir la atención médica y psicológica o psiquiátrica, así como los servicios jurídicos y sociales. Comprende la asistencia a las víctimas mediante alojamiento adecuado, oportunidades de educación, capacitación y empleo.
-Las garantías de satisfacción incluyen medidas de reconocimiento público del daño, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, una decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y la aplicación de sanciones a los responsables, entre otras.
-Las garantías de no repetición aluden a medidas eficaces para conseguir que no continúen el delito y las violaciones a los derechos de las víctimas, así como reformas estructurales para que no se repitan los hechos. Pueden incluir capacitación de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, políticas para proteger a las víctimas y reformas normativas, entre otras.
Investigación patrimonial, recupero de activos y decomiso
La investigación patrimonial y el recupero de activos en casos de trata de personas son elementos fundamentales para la persecución penal de todos los responsables del delito y de quienes se benefician de las ganancias ilícitas y para la protección de los derechos de las víctimas. No son aspectos accesorios sino centrales para cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada.
Los operadores judiciales deben, en la primera oportunidad posible, identificar y localizar los bienes de los imputados como explotadores directos, así como de todas las personas físicas y jurídicas que se hubieren beneficiado económicamente del delito. Deberán adoptar todas las medidas de prueba necesarias y efectivas, así como medidas cautelares, que permitan asegurar la reparación de las víctimas. La reparación debe ordenarse obligatoriamente en la sentencia condenatoria o en la decisión judicial equivalente que conceda la suspensión del proceso a prueba, que admita el acuerdo de juicio abreviado o que disponga el decomiso sin condena.
Específicamente, en el delito de trata de personas (tanto en su tipo básico como agravado e independientemente de la finalidad de explotación), al igual que en los delitos de promoción o facilitación de la corrupción de menores, promoción, facilitación o explotación del ejercicio de la prostitución ajena, reducción a la servidumbre, secuestro coactivo y secuestro extorsivo, debe decomisarse la cosa mueble o inmueble donde se explotó a la víctima o donde se la mantuvo privada de su libertad.
El decomiso de bienes, ganancias e instrumentos utilizados en la trata tiene una dimensión preventiva y disuasoria, además de su aspecto represivo. Es de naturaleza obligatoria, y permite desmantelar la estructura financiera que sostiene a la explotación. Evita que los imputados puedan seguir operando, reconstituyan sus redes o cometan delitos similares. Priva a los tratantes de los beneficios económicos del delito y envía el mensaje de que la explotación no será rentable.
Sin una investigación patrimonial efectiva, la cautela de los bienes y el consiguiente decomiso, no se podrá cumplir con la obligación de debida diligencia reforzada de prevenir, investigar, sancionar la trata de personas y reparar a las víctimas.
ENCUENTRO SOBRE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LA RELACIÓN ENTRE NARCOTRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS
La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la coordinadora de su Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, Dra. Marcela V. Rodríguez, participó, de forma virtual, del taller “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”. La iniciativa fue organizada en conjunto por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y el programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe en políticas de drogas COPOLAD III.
La reunión de trabajo se realizó en Barcelona con el objetivo de desarrollar estrategias específicas desde los Ministerios Públicos de Iberoamérica para abordar con perspectiva de género los casos de mujeres y personas LGTBI+ en situación de vulnerabilidad criminalizadas por narcotráfico. En el encuentro se profundizó un diagnóstico iniciado el año pasado en un primer taller celebrado en Buenos Aires y se generaron insumos para elaborar lineamientos regionales que ayuden a investigar y procesar estos casos.
Marcela Rodríguez expuso en la mesa “Aproximación al problema. Una mirada desde otros actores del sistema” y explicó que, en relación a las llamadas “mulas” o correos humanos, uno de los principales problemas es que “estas mujeres no son consideradas víctimas”.
“En las mejores circunstancias, el enfoque del poder judicial suele ser de compasión, y no de justicia o de derechos. Pero el principio de no punibilidad es una cuestión de justicia y no de compasión”, sostuvo. “Implica el reconocimiento de que la persona imputada es víctima del delito de trata de personas, y es obligación del Estado identificarla en forma temprana y evitar una re victimización”.
En ese sentido, la coordinadora del Programa de la DGN expresó que “en la mayoría de los casos suele estar presente el abuso de una situación de vulnerabilidad”, y que “la penalización de una víctima supone un incumplimiento del compromiso asumido por los Estados de reconocer la prioridad de los derechos de las víctimas a la asistencia, la protección y los recursos efectivos”.
Para finalizar, Rodríguez consideró que “es fundamental una escucha activa y constante de las mujeres imputadas a lo largo del proceso” y mencionó que, en estos casos, “la condición de víctima está dada por la materialidad de los hechos, no por la existencia de una resolución judicial que lo acredite”, por lo que “es crucial contar con informes especializados en trata de personas y violencia de género”.
También participaron en el taller fiscales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y España y representantes de los programas de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe de EUROFRONT, el Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (PAcCTO) y el Programa de Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú.
