El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y la Defensoría Penal Pública de Chile realizaron la “Jornada sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas y el rol del facilitador intercultural”, un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos que plantea el acceso a la justicia y la defensa pública de las personas pertenecientes a pueblos indígenas.
La actividad se desarrolló en el marco del proyecto de cooperación internacional “Fortalecimiento de la defensa pública especializada en materia indígena con enfoque de género en Argentina y el rol del facilitador intercultural”, impulsado por el Fondo Chile.
Contó con un acto de apertura a cargo del Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Langevin; la Defensora Nacional de Chile, Dra. Verónica Encina Vera; y el Embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.
Durante la jornada también se presentaron dos manuales elaborados en el marco del proyecto de cooperación internacional entre la Defensoría Penal Pública de Chile y el Ministerio Público de la Defensa de la Argentina, orientado a fortalecer la defensa pública especializada en materia indígena y promover herramientas para garantizar un acceso efectivo a la justicia con enfoque intercultural.
Los materiales presentados fueron “Diseño de la figura del Facilitador Intercultural para garantizar la defensa técnica adecuada de personas y comunidades indígenas en Argentina” y “Manual de actuaciones mínimas en defensa indígena para defensores/as públicos/as del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina”.
Ambas publicaciones reúnen aportes y experiencias vinculados con la defensa pública y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, y buscan brindar herramientas concretas para fortalecer la intervención de las defensorías y promover una atención adecuada a las particularidades culturales y lingüísticas de las personas y comunidades indígenas.
La presentación estuvo a cargo de la Dra. Romina Sijniensky, experta internacional del proyecto; el Dr. Pablo Aranda, jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Penal Pública de Chile; y la Dra. Julieta Rossi, integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
La jornada continuó con un panel dedicado a experiencias de trabajo de las Defensorías Públicas, que permitió compartir distintas perspectivas sobre la intervención de la defensa pública y el rol de los facilitadores interculturales. Participaron la Lic. Inés Flores, facilitadora intercultural de la Defensoría Penal Pública de Chile en la Región de Arica y Parinacota; el Dr. Sebastián Tedeschi, coordinador del Programa sobre Diversidad Cultural de la DGN; y la Dra. Morita Carrasco, licenciada en Antropología y doctora en Derecho.
Otro de los espacios estuvo destinado a las experiencias interdisciplinarias en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de Argentina, con la participación de las licenciadas Laura Grandoso y Romina Lobato, trabajadoras sociales del Programa de Atención a Problemáticas Sociales y Relación con la Comunidad de la DGN; el Dr. Sebastián Velo, de la Defensoría General Adjunta de la Argentina; y las Dras. Mariana García Palacios y Andrea Szulc, investigadoras del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires.
La jornada finalizó con una conferencia a cargo de Félix Díaz, Qarashe de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, y Elizabet González, coordinadora Integral de Pueblos Indígenas del Poder Judicial de Chaco.
El trabajo conjunto entre ambos organismos permitió elaborar documentos de trabajo que abordan de manera integral aspectos vinculados con el acceso a la justicia, la defensa pública y los derechos de los pueblos indígenas, y que constituyen herramientas para continuar fortaleciendo la defensa pública especializada y el abordaje intercultural.
El Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Horacio Langevin, expuso el día de ayer el informe del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) frente a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
Durante su presentación, Langevin se refirió a los principales desafíos institucionales del MPD, remarcando que la defensa pública cumple una función esencial en garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
El Dr. Langevin destacó que entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el MPD asistió a 775.544 personas en todo el territorio nacional, según los registros de DefensaPublica.net, la mayoría de ellas en causas penales.
El informe expuso la brecha existente entre la cantidad de órganos jurisdiccionales y de defensorías. La ley prevé que por cada juzgado que se crea debe existir una defensoría; sin embargo, el Defensor señaló que en realidad existen sólo 273 defensorías que actúan, mediante un sistema de rotación, frente a 615 órganos jurisdiccionales.
También describió que el MPD cuenta con equipos interdisciplinarios y especializados (trabajo social, psicología, entre otras), que enriquecen el abordaje integral de las problemáticas que atiende la defensa pública, particularmente en violencia de género, salud mental, niñez y adolescencia, migrantes, entre otros.
Entre los principales ejes de su presentación, el Defensor General interino además destacó:
• El fortalecimiento del servicio de defensa. Señaló que los recursos deben concentrarse en los espacios de litigación, atención al público y protección efectiva de derechos, donde el organismo cumple concretamente su misión constitucional.
• La valoración de quienes integran el MPD. Resaltó el compromiso, la formación y la vocación del personal, y destacó especialmente el papel de las defensoras y los defensores públicos coadyuvantes. A la fecha, el MPD cuenta con 797 defensores públicos coadyuvantes autorizados, una figura que cumple un rol esencial en la asistencia al litigio, la cobertura de audiencias, el acompañamiento de casos complejos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional. En este sentido, durante 2026 se estableció un reconocimiento económico específico para quienes desempeñan esta función.
• La administración responsable de los recursos públicos. Explicó que el 98% de la totalidad del presupuesto se destina a salarios y cargas sociales, por lo que el margen disponible para infraestructura, tecnología, capacitación y funcionamiento operativo es muy reducido. En este contexto, destacó las medidas de ahorro y reasignación adoptadas para priorizar las necesidades más urgentes del servicio.
• La implementación del sistema acusatorio. Lo definió como uno de los mayores desafíos institucionales, debido a que exige más litigación oral, presencia en audiencias, capacidad de investigación, especialización y respuestas inmediatas. Para acompañar este proceso, el MPD creó una unidad específica, fortaleció la capacitación y avanzó en la modernización de sus herramientas informáticas y periciales.
• El nuevo régimen penal juvenil. El Dr. Langevin afirmó que la Defensa Pública sostendrá los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la protección de su interés superior. También remarcó que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y expresó su preocupación por la capacidad de los sistemas locales para afrontar la implementación del nuevo régimen.
• Defensorías Públicas de Víctimas. Al día de la fecha, de los 24 cargos creados aún hay 15 pendientes de cobertura. Con el objetivo de reforzar los equipos y los recursos humanos, se creó la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas, orientada a fortalecer la articulación institucional y establecer estándares comunes de actuación.
• Técnicas de reproducción asistida y embriones crioconservados. El Dr. Langevin destacó la necesidad de que el Congreso legisle sobre esta cuestión. Si bien no se pronunció sobre los aspectos relativos a la naturaleza jurídica, subrayó la importancia del principio de dignidad humana. Asimismo, recordó que, en el marco de una causa en la que intervino como defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que finalmente no fue tratada por razones procesales-, propuso la creación de dos registros: uno de embriones crioconservados y otro de personas interesadas en su adopción.
Finalmente, presentó algunos de los proyectos previstos por la gestión: la creación de un espacio destinado a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y los delitos en entornos digitales; una capacitación especializada en infancia; y un programa sobre tecnología aplicada a la Defensa Pública, que incluirá lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial y de las redes sociales.
Al cerrar su intervención, Dr. Langevin destacó que la empatía constituye uno de los valores centrales de la Defensa Pública: escuchar, comprender y acompañar a quienes muchas veces no encuentran respuestas.
“Las personas pasan, pero las instituciones permanecen”, finalizó.
La actividad estuvo a cargo de la Dra. Roxana Fariña, Defensora Pública Oficial Federal de la Unidad de Defensa Pública de San Carlos de Bariloche, y de la Prosecretaria Administrativa, Dra. Gisel Yañez Caro. El encuentro contó con una amplia concurrencia y permitió abordar herramientas jurídicas vinculadas con la protección urgente de derechos, especialmente en materia de salud.
La capacitación se desarrolló como parte de las acciones previstas en el convenio marco de cooperación firmado entre ambas instituciones, orientado a fortalecer la formación, el intercambio y la articulación interinstitucional para mejorar las respuestas frente a problemáticas vinculadas con el acceso a la justicia.
El acuerdo contempla, entre sus principales objetivos, la realización de actividades de capacitación, divulgación y promoción de derechos humanos, así como la generación de instancias de consulta, derivación y colaboración mutua para la defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.
