Ayer por la mañana, se suscribió un acuerdo entre la Defensoría General de la Nación (DGN) y el Poder Judicial de la Nación, en donde la DGN se comprometió a restituir progresivamente los espacios ocupados por el Ministerio Público de la Defensa en edificios del Poder Judicial de la Nación. El acuerdo además prevé la cesión en comodato a la DGN de oficinas ubicadas en la ciudad de Santa Fe.
En ese marco, la DGN asumió la obligación de presentar, dentro de los noventa días contados desde la firma del convenio, un cronograma de desocupación progresiva de oficinas y espacios ocupados en distintos inmuebles judiciales, así como de iniciar la efectiva desocupación dentro de los ciento veinte días y completar la restitución de los espacios comprendidos en el acuerdo dentro de los ciento cincuenta días de la suscripción del convenio.
Desde hace tres años, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) cuenta con edificios propios, ya sea adquiridos o construidos, que permitiieron mejorar las condiciones edilicias tanto para el personal como para los usuarios del servicio de defensa pública
El acuerdo, propiciado en el marco del funcionamiento del Comité Tripartito que también integra la Procuración General de la Nación, fue suscripto por el Dr. Julián Langevin, Defensor General de la Nación interino, y el Dr. Santiago Viola, presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura y Secretario de Justicia de la Nación.
La iniciativa constituye un paso auspicioso en el fortalecimiento del entendimiento institucional entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa, y permitirá avanzar en el reordenamiento de los inmuebles y espacios de trabajo, optimizando costos y consolidando mecanismos de cooperación interinstitucional. En esa línea, cabe destacar que en distintas jurisdicciones del país —como la ciudad de Salta; Mercedes, provincia de Buenos Aires; la ciudad de La Rioja; la ciudad de Formosa; la ciudad de Corrientes; y Mar del Plata, provincia de Buenos Aires— la Defensoría ya se había trasladado a edificios propios, lo que permitió mejorar las condiciones edilicias tanto para el personal como para el público que acude al servicio.
Asistieron a la firma el Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Cdor. Alexis Varady; el Secretario General del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Mariano Pérez Roller; el Secretario General de Política Institucional de la DGN, Dr. Christian Sueiro; y el Administrador General de la DGN, Cdor. Marcelo Chiappara.
Se llevó a cabo el lanzamiento de la capacitación obligatoria en el marco de la Ley N° 27.671, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento integral sobre la cuestión de las Islas Malvinas, desde una perspectiva histórica, jurídica y geopolítica.
La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR) y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
El acto de apertura contó con la participación del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; la Presidenta de REFLEJAR y del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dra. María del Carmen Battaini; la Presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA, Dra. Emilia Valle; la Vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Alicia Ruiz; y el Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Horacio Langevin.
La presentación de la actividad estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial y Ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Marcela de Langhe, quien destacó el carácter integral de la propuesta y su objetivo de trascender la mera transmisión de contenidos, incorporando testimonios y materiales que permitan reflexionar sobre la memoria, la soberanía y el compromiso institucional.
Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en señalar que la cuestión Malvinas constituye una causa permanente e irrenunciable del Estado argentino, profundamente arraigada en la identidad nacional y en la memoria colectiva. En ese sentido, subrayaron la importancia de la formación como herramienta para promover una mayor conciencia histórica, fortalecer las instituciones y sostener en el tiempo el reclamo de soberanía.
Asimismo, se remarcó que esta capacitación no solo da cumplimiento a una obligación legal, sino que representa una oportunidad para renovar el compromiso con los valores democráticos, el reconocimiento a los excombatientes y caídos, y la construcción de ciudadanía.
El curso propone abordar la temática desde un enfoque integral, incorporando contenidos que contribuyan a comprender los fundamentos del reclamo argentino en el ámbito del derecho internacional, así como también a reflexionar sobre el impacto histórico y social de la causa Malvinas.
Esta iniciativa se inscribe en una política de formación continua destinada a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, reafirmando el compromiso institucional con la memoria, la verdad y la soberanía nacional.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional junto con la Universidad Católica de Cuyo organizan la Diplomatura “Ejecución transnacional de condenas, extradiciones y expulsiones: aspectos prácticos y jurídicos”, destinada a abogados/as de los Ministerios Públicos, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, funcionarios/as diplomáticos/consulares y de la administración pública.
Este programa de formación académica abordará normativa internacional y nacional sobre extradiciones, cumplimiento de condenas en el extranjero, expulsiones, videoconferencias, obtención de evidencia digital, equipos conjuntos de investigación y decomiso internacional, incluidos activos virtuales. Se trabajará con talleres prácticos, visitas a organismos competentes y análisis de casos. El cuerpo docente está integrado por jueces, defensores, fiscales, especialistas en cooperación internacional y académicos de Argentina, Chile, España y Alemania.
La diplomatura, cuya cursada será virtual con actividades presenciales optativas, iniciará el próximo 7 de mayo y tendrá una carga horaria de 65 horas reloj (15 asincrónicas). Las condiciones de aprobación consistirán en completar la asistencia mínima y presentar un trabajo final.
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