Esta mañana, Susana Malcorra, ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, y Santiago Otamendi, secretario de justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, inauguraron la “Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”, en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires.

También participaron en la apertura René Mauricio Valdés, coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, y Jennifer Smith, directora ejecutiva de la International Legal Foundation. Además, se proyectó un video con palabras inaugurales de Elena Highton de Nolasco, vice-presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Comisión Nacional sobre Acceso a la Justicia del máximo tribunal.

La ministra de Relaciones Exteriores dio la bienvenida a los especialistas, provenientes de diversas partes del mundo, y expresó su deseo de que el encuentro sirva para conocer las mejores prácticas vigentes sobre acceso a la justicia y derive en un compromiso para mejorar las tareas pendientes. “Nuestro país reconoce la importancia de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, y este encuentro va a contribuir a hacerlo efectivo a nivel global”. La canciller explicó que la Argentina es un país promotor de la autonomía de la defensa pública en la región. Y en el ámbito nacional consideró que “el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa contribuye a garantizar un adecuado acceso a la justicia de sectores carecientes, para posibilitar igualdad de oportunidades desde el Estado”.

A su turno, la defensora general expresó que realizar estas jornadas es un sueño hecho realidad para el Ministerio Público de la Defensa. “Durante estos tres días no vamos a teorizar, sino a intercambiar nuestras mejores prácticas y experiencias para elaborar planes concretos de acción, que nos guíen hacia la conformación de sociedades más justas e inclusivas”, detalló. “Como sostienen los Principios y Directrices de la ONU, los Estados pueden adoptar distintos modelos de asistencia jurídica. En América Latina, la mayor parte hemos optado por el sistema de la defensa pública. Estamos convencidos de que, al margen de cuál sea el sistema elegido, el establecimiento de agencias fuertes, autónomas y con presupuesto adecuado son un paso esencial para garantizar el derecho a un juicio justo”, enfatizó.

Santiago Otamendi, por su parte, se refirió a la necesidad de reflexionar sobre un concepto de acceso a la justicia que trascienda lo que sucede en el proceso penal. “Se puede hacer mucho de forma preventiva, trabajar coordinadamente, tenemos mucho que aprender de las experiencias que realizan las ONG. Todos sabemos cuán pacificador es tener una respuesta rápida. […] También es importante el abordaje de la población penitenciaria, por una reinserción productiva en la sociedad. En este momento hay más de 10.000 detenidos federales, y el triple en las cárceles bonaerenses. Estamos al borde de la superpoblación y, por eso, es necesario trabajar en la asistencia jurídica”, expresó.

Highton de Nolasco envió un video para acompañar la iniciativa, donde se refirió a las oficinas de Violencia Doméstica, de la Mujer y a la Comisión Nacional de Acceso a Justicia como experiencias exitosas en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “En la OVD empezamos con 70 personas, hoy son 170 profesionales. A partir del trabajo continuo de seguimiento, control y capacitación se han logrado sentencias ejemplares que aplican la perspectiva de género y evitan prejuicios. La calle está gritando ‘Ni una menos’, por eso necesitamos tener más experiencias como la OVD en todo el país. No hay excusa para ninguna violencia”, concluyó.

René Valdés manifestó que esta conferencia será una oportunidad para discutir sobre la efectividad de los sistemas de acceso a la asistencia jurídica a la luz de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, aprobada en septiembre de 2015. “Resulta evidente la necesidad de aumentar la asistencia jurídica en el mundo, más del 40% de los privados de libertad son mantenidos en detención en largos periodos previos al juicio porque tienen dificultad en acceder a un abogado”, argumentó. “La Argentina muestra y cuenta con una sólida experiencia en materia de asistencia jurídica gratuita en distintos niveles, tanto nacional como subnacional, y en materia civil y penal. Dicha asistencia incluye orientación, asesoramiento y patrocinio judicial. En Naciones Unidas creemos que este país está muy bien posicionado para promover la cooperación internacional y, particularmente, la cooperación sur-sur”, sostuvo.

Al cerrar la presentación de la conferencia, Jennifer Smith agradeció la dedicación y compromiso de los anfitriones. “Con escasos recursos, luchamos en nuestra tarea de brindar asistencia jurídica a los más vulnerables, que en todo el mundo son penalizados, no siempre por lo que han hecho, sino por lo que son o por sus creencias”. Esa idea también quedó expresada en un spot promocional de la organización que dirige.

La Conferencia se extenderá hasta el próximo jueves. Asisten referentes judiciales y expertos de todo el mundo con el propósito de abordar los desafíos globales para garantizar el acceso a servicios de asistencia jurídica de calidad para personas en situación de vulnerabilidad. Está organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Argentina, junto con The International Legal Foundation (ILF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Las actividades se realizan en sesiones plenarias y eventos paralelos, que cuentan con la presencia de destacados especialistas como Valérie Lebaux, jefa de la Sección Justicia, División de Operaciones, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Florentín Meléndez, juez de la Corte Suprema de El Salvador; Ananda Mohan Bhattarai, juez de la Corte Suprema de Nepal; Dunstan Mlambo, presidente de la División Gauteng del Tribunal Superior de Sudáfrica y presidente del Comité de Directores de Legal Aid de Sudáfrica; Anat Horovitz, vice-directora de la Oficina de Defensa Pública de Israel; Maha Jweied, vice-directora de la Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otros importantes funcionarios judiciales de varios países del mundo.

Esta “Segunda Conferencia Internacional…” retoma y desarrolla los planteos realizados en la conferencia inaugural celebrada en Sudáfrica, en junio de 2014. Tiene como objetivo la promoción continua de la aplicación integral de los “Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal”, y cuenta con un foro para que los delegados de alto nivel de los gobiernos, los profesionales estatales y no estatales de asistencia jurídica, el poder judicial y los expertos en justicia penal puedan compartir información sobre desafíos comunes, soluciones y buenas prácticas, así como discutir acerca del desarrollo global requerido para mejorar el acceso a la asistencia jurídica en el ámbito nacional.

Para ver el programa completo, haga clic en el siguiente enlace: https://goo.gl/K0FDqJ