Se trata de una asociación civil que congrega a las Defensorías y Asesorías Públicas de la República Argentina, cuya finalidad es “conformar un espacio que reúna de manera coordinada y orgánica a los representantes de máxima jerarquía en el ejercicio de la defensa pública en todo el territorio nacional, con el objetivo de diseñar acciones que permitan avanzar en la senda del fortalecimiento institucional de la defensa pública y contribuir a su total emancipación respecto de otros Poderes del Estado”.

Estatuto

Autoridades

Convenios del Consejo Federal

Ciclo Anual de Clases del Consejo Federal

Se celebró un convenio con la Universidad Kennedy para cursar la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional que dicta la Universidad Kennedy junto con Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia.

La primera edición 2016-2018 de la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional que dicta la Universidad Kennedy (UK) junto con United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar el primer programa de la Organización de Naciones Unidas para la región, íntegramente dedicado a la profundización de conocimientos sobre derecho penal y procesal penal internacional, los regímenes internacionales destinados a prevenir el crimen organizado transnacional y la tarea que desarrollan los organismos y los tribunales internacionales en la materia.

La modalidad de cursada es de carácter intensivo y comprende cuatro etapas presenciales (360 horas): en enero (4 semanas) y julio (2 semanas) cursando dos semanas en julio y cuatro semanas de enero y tres módulos de educación a distancia (180 horas) durante dos años consecutivos.

Los profesores de la maestría son profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional que se destacan por su amplia capacidad en el plano académico. Durante la primera etapa presencial, entre otros profesores, disertarán el Dr. Fausto Pocar, Juez del Tribunal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia y el Dr. Francesco Vigano profesor de la Università degli Studi di Milano.

Asimismo, nos complace informarles que la Universidad Kennedy otorgará una bonificación preferencial a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa que permite efectuar una bonificación que fija el costo total de la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional 2016-2018 en $100.000 (cien mil pesos argentinos) en lugar de $140.000 (ciento cuarenta mil pesos argentinos) que es el costo original. Asimismo, la Universidad Kennedy se comprometió a otorgar una beca cada cinco alumnos que integren la DGN y lo acreditan, la que será prorrateada por partes iguales entre aquellos.

Inicio 18 de julio de 2016.

Para más información: http://www.maestriaunicri-uk.info/?utm_medium=email&utm_campaign=Defensoria_General_Nación&utm_source=convenio

Convenio UK Res 1050-2016

Del 8 al 11 de noviembre de 2011l se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, el Encuentro sobre Acceso al derecho y a la Justicia y Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El encuentro tuvo como objetivo precisar las demandas y presentar las experiencias exitosas que existen en estos ámbitos tanto en Europa como en Latinoamérica. Uno de los resultados esperados es definir perfiles de uno o varios proyectos e identificar las posibles acciones que se llevarán a cabo. Así, en el marco de dicho encuentro tuvo lugar una ronda de presentaciones para que los demandantes expresen la situación de su país, en qué consiste su demanda, y los compromisos que adquieren, ronda en la cual el MPD, a través de sus representantes, los Dres. Florencia Hegglin y Marcos Filardi, planteó las necesidades de la Argentina en cuanto al área temática: Acceso a la Justicia.

En la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de definición de las actividades y ejes de trabajo que se abordarán en el marco del proyecto.  Para este ejercicio se tomaron tres componentes: acceso a la justicia, acceso al derecho y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La Defensoría General de la Nación manifestó especial interés en trabajar en el campo de los dos primeros componentes y, más específicamente, en materia de acceso a la justicia, dada la estricta vinculación con las funciones de la institución y el rol que cumple el organismo tanto en la promoción de políticas orientadas a facilitar el acceso a la justicia de los grupos en condiciones de vulnerabilidad como en el fortalecimiento de la Defensa Pública y su autonomía.

Además, respecto de este componente, la Defensoría General de la Nación tuvo activa participación desde la redacción del proyecto original, realizada en 2011.  El objetivo general es promover la aplicación, tanto en Argentina como en el resto de los países de la región, de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

La aplicación efectiva de las Reglas requiere, en atención a su carácter no vinculante, del establecimiento de un plan estratégico y líneas de actuación concretas para el conjunto de entidades, órganos e instituciones del Estado relevantes en el ámbito de la justicia. Las actividades buscaría esencialmente mejorar aspectos procesales y procedimentales identificados como barreras de acceso a la justicia a través de protocolos de buenas prácticas y tiene como principales objetivos reducir las barreras de acceso a la Justicia a partir del intercambio de experiencias entre países, promover el fortalecimiento de la Defensa Pública y su autonomía y mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de asistencia legal gratuita.

Responsable del área: Dr. Mariano Gutierrez

Dirección: Av. Callao 970, piso 3, C1023AAP, CABA

Teléfono: (+5411) 4814-8479

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 15 hs.

El Equipo tiene como finalidad proteger los derechos esenciales de la población afectada por las relocalizaciones y reurbanizaciones ordenadas en el marco de la ejecución de la “Causa Matanza Riachuelo”, garantizando la mejora de sus condiciones socio-ambientales. La población destinataria de las acciones son las personas en situación de pobreza y los grupos vulnerados residentes en asentamientos de la Cuenca Matanza Riachuelo (Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría Lomas de Zamora y Merlo), afectados por los procesos de relocalización y reurbanización llevados a cabo a través de la causa judicial.

Por Resolución D.G.N. Nº 1473/12 se resolvió auspiciar el “Curso de Derecho Procesal Profundizado y Técnicas de Litigación Civil”, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de provincia del Chaco.

Responsable del área: Dr. Mariano Gutierrez

Dirección: Bartolomé Mitre 648, Piso 2º frente, C1036AAL, CABA

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 15 hs.

Teléfono: +54911 7090-4975

Acceder es un equipo de abogados/as y empleados/as del Ministerio Público de la Defensa (MPD) especializados en el abordaje territorial y articulación institucional. Su objetivo es hacer efectivo el derecho a contar con un patrocinio legal a las personas especialmente vulnerables o que por sus condiciones particulares encuentren obstáculos para hacer llegar sus demandas a las instituciones del sistema público de defensa de derechos.

El trabajo principal del equipo es atender en los barrios, donde se reciben consultas de población en grave situación de vulnerabilidad. Allí, las y los integrantes de Acceder derivan casos a las/os defensores competentes y a los programas y comisiones de la DGN, además de asesorar en todas las afectaciones de derechos que sean competencia de intervención del MPD.

Mapa de centros de asistencia del Equipo Acceder

Para ver las direcciones y números telefónicos hacer click en las ubicaciones

Guia de prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos en la CABA: www.buenosaires.gob.ar/guiajuridicagratuita

La Secretaría General de Política Institucional es el ámbito donde se recibe la mayoría de las presentaciones de particulares y/u organismos que tienen que ver con solicitudes de cobertura y actuación del servicio de Defensa Pública. También se tramita toda presentación de los defensores o de terceros que exija un pronunciamiento de la Institución relacionada con la protección y defensa del rol del defensor público.

Las reglamentaciones vigentes le otorgan, de igual modo, competencia para la tramitación de toda solicitud de intervención en calidad de defensores ad hoc y su registro, y de propuesta sobre conformación de equipos de trabajo en razón de la complejidad o importancia de causas (art. 51 inc. f, Ley 24.946). Por otra parte, elabora la respuesta de la Defensoría General ante informaciones de todo tipo solicitadas por otros organismos; dictamina a solicitud de la Sra. Defensora General, o cuando la materia lo exija (ya sea por ingreso de mesa de entradas o por remisión de otras áreas internas), propone el dictado de recomendaciones generales, elabora proyectos de reglamentación general sobre las materias de propia incumbencia y proyectos de ley sobre toda cuestión que interese a la Defensa Pública. Canaliza inquietudes de los Sres. Defensores, Curadores y Tutores Públicos sobre sus respectivos ámbitos de actuación, y tramita las solicitudes de patrocinio para querellas y/o constitución en actor civil y los requerimientos de patrocinio para los fueros civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de seguridad social. También coordina el funcionamiento de las Comisiones de Cárcel y de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Programa sobre Atención de Problemáticas y Relaciones con la Comunidad.

I. Funciones del defensor. Protección de su rol y resguardo de su independencia técnica y funcional. Resoluciones de relevancia institucional


Desde la Secretaría General de Política Institucional se instaron numerosas acciones tendentes a proteger el rol de los distintos integrantes del Ministerio Público de la Defensa.

Entre los dictámenes más relevantes, pueden destacarse:

Pertinencia de designación de nuevo Defensor Público de Menores para que intervenga en causas en las que exista conflicto de intereses entre los menores involucrados


En el Expte. DGN N° 293/2006 se planteó la necesidad de designar un defensor distinto al ya interviniente para la asistencia y representación de una menor que tenía evidentes intereses contrapuestos con sus medio-hermanos involucrados en las mismas actuaciones. Hasta entonces y conforme podía colegirse de diversas decisiones emitidas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, había sido uniforme una interpretación de los arts. 59 del Cod. Civil y 54 inc. a) de la Ley 24.946 a partir de la cual los Defensores Públicos de Menores e Incapaces debían actuar en defensa de los intereses de todos los menores involucrados en una misma actuación judicial, «resultando irrelevante que en un mismo pleito coexistan menores con posibles intereses contrapuestos toda vez que su función es, stricto sensu, la defensa de los derechos genéricos de los menores, y no de una parte, por lo que no existe impedimento para que ... intervenga en las actuaciones de mención en la defensa de los derechos de todos los menores que pudieren estar involucrados.» (Resoluciones DGN Nº 340/03 y 341/03, entre otras).

Es así que a través de la Resolución DGN N° 804/06 se señaló: "...el nuevo status jurídico reconocido a los niños y jóvenes, le impone a las autoridades gubernamentales en general, y a este Ministerio Público de la Defensa en particular, propender al dictado de decisiones que preserven a los menores con intereses contrapuestos de situaciones como la que se presenta en autos, en pos del resguardo de su interés superior, y su correlativo derecho a ser oído en asuntos que pudieran afectar su persona, derechos e intereses (conf. art. 5, 24, 27 incs. a), b), c) y d), ley 26.061). Que, en este sentido se vuelve imperioso procurar un cambio en la práctica reglamentaria que diera motivo al conflicto de autos, en tanto que, la misma representa una evidente violación al derecho de los niños a ser escuchados y al deber gubernamental correlativo de garantizar dicho ejercicio. VIII. Que en sintonía con ello, considero que, debe hacerse lugar a la intervención de un nuevo Defensor Público de Menores en los autos caratulados «AUTERI FAVOTTO, Claudia Marina c/ CHARPENTIER, Néstor Ricardo s/desafectación de bien de familia) familia), Expte. 44291/04 en trámite ante la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para que intervenga en la defensa de los intereses de la pequeña Natasha Desireé Charpentier, debiendo designarse en al Dr. José Atilio Álvarez en reemplazo de la Dra. María Ernestina Storni, teniendo presente el orden numérico establecido para dichas dependencias...».

Problemática en la representación de ciudadanos extranjeros privados de su libertad sobre los que se han dictado actos administrativos de expulsión desfavorables o perjudiciales en relación a sus intereses

A través de las actuaciones registradas bajo el Ingreso N° 8042 se puso en conocimiento de la Defensoría General de la Nación que gran cantidad de ciudadanos extranjeros manifestaban su voluntad de permanecer en el territorio argentino solicitando la intervención de este Ministerio Público ante los Juzgados de Ejecución Penal, a fin de que se los asista ante la Dirección Nacional de Migraciones para que se revea el acto administrativo que disponía su expulsión, mediante el recurso pertinente.

Como consecuencia de la cuestión planteada esta Secretaría General emitió dictamen a través del cual consideró: «....que quien debe asumir la representación de aquellas personas sobre las que exista una orden de expulsión contraria a sus intereses deberá ser el Magistrado de este Ministerio Público de la Defensa actuante ante los órganos judiciales competentes. En el ámbito de la Capital Federal la representación legal estará a cargo de la Dra. Silvia Otero Rella titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales quien tiene competencia para actuar por ante el ámbito contencioso administrativo de esta Ciudad y en el interior del país ejercerán la defensa en estos casos los Defensores Públicos Oficiales actuantes ante los Juzgados Federales ... Asimismo, teniendo en cuenta lo normado por el artículo 98 de la Ley Nacional de Migraciones, y la especialidad en la materia que de tal previsión legislativa se deriva, entiendo claramente que las cuestiones relativas a la revisión de las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones resultan competencia de los señores Defensores Públicos Oficiales actuantes ante los Juzgados Federales en lo Contencioso Administrativo. En otro orden, y con respecto a la etapa administrativa y a las vías recursivas administrativas existentes, correspondería arbitrar los medios para resguardar el derecho a la defensa, también en este ámbito. A este efecto, vislumbro la conveniencia de instrumentar convenios con ONG’s o con clínicas jurídicas universitarias o mecanismos claros de derivación con centros que se encuentren brindando ese servicio...»

Ámbito de actuación de los Defensores de Públicos de Menores e Incapaces a partir de la reciente normativa prevista en la Ley 26.061


En el marco del Expte. DGN N° 967/2006 y en relación con los alcances del acta acuerdo suscripto por los Sres. Defensores Públicos de Menores e Incapaces -29/05/2006-, esta Secretaría General emitió el dictamen pertinente.

Finalmente se dictó la Resolución DGN Nº 1234/06 mediante la cual se recomendó a los Sres. Magistrados mencionados: «...arbitren los medios a fin de que sólo se adopten medidas cautelares en situaciones de real urgencia, respetando el orden de prelación que establece la ley 26.061 y las garantías procesales en cuanto a los principios de bilateralidad, imparcialidad, legalidad y derecho de defensa, incluyendo urgentes dictámenes de los organismos interdisciplinarios si las circunstancias así lo aconsejaren; salvo supuestos hartos graves, urgentes y que no admitieran absolutamente ninguna dilación, cuya configuración debe determinarse con el criterio más restrictivo posible en orden a su condición de supuestos de excepción. En todos los casos deberán considerarse, por lo menos, tres imperativos: el interés superior del niño (art. 3 y art. 5 de la Ley 26.061), el principio de no discriminación y la conciencia de los excesos judiciales acontecidos cuando regía la institución de la protección de personas. Atendiendo a los imperativos constitucionales, también habrá que procurar la armonización de la rapidez y eficiencia de respuesta con el ejercicio del derecho al debido proceso, especialmente con el derecho de defensa, en sus dos aspectos, tanto de los niños y adolescentes como de sus padres Todo ello conglobado con la obligación de privilegiar el derecho del niño a permanecer con su familia ampliada (art. 5 CDN) y la necesidad de límites temporales de las medidas.»


También se recomendó a los Sres. Defensores Públicos de Menores e Incapaces « ... que, en aquellos supuestos que denoten complejidad o se vislumbre la posibilidad de existencia de intereses contrapuestos o sea solicitado por el niño/niña/adolescente, se arbitren los medios para la provisión de su letrado y se inste, en los casos que corresponda, por vía directa o indirecta al organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que se le ha asignado normativamente el rol de garante de su cumplimiento en ese ámbito -Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- (art. 27 inc. "c" de la Ley 26.061, 27 del Decreto 415/2006 y 45 de la Ley 114 de la Ciudad). Todo ello en orden a que el criterio de supeditación del ejercicio de ese derecho a edades cronológicas determinadas -sin atender al discernimiento del niño, a su estado intelectual y psicológico, al suficiente entendimiento y grado de desarrollo- no responde al principio de "capacidad progresiva" o sistema progresivo de autonomía en función del juicio propio y madurez del niño y/o adolescente...».

Inconstitucionalidad del art. 14, párrafo 2do. Ley 23.737. Actuación proactiva del defensor público

Como consecuencia de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del "Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos", en orden a la transgresión de derechos humanos básicos cometida por el Estado argentino al penalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal (art. 14, 2do. párrafo, de la Ley Nº 23.737) y con el objetivo de aunar criterios de actuación frente a casos específicos se proyectó la Resolución DGN Nº 1385/06 que estableció «RECOMENDAR a los Sres. Defensores Públicos Oficiales que, dentro de los respectivos ámbitos de actuación, arbitren los medios para evitar toda intervención del sistema penal en los supuestos de tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 14, 2º párrafo de la Ley Nº 23.737), ya sea mediante acciones tendentes a lograr la declaración de inconstitucionalidad de ese precepto penal o, de forma subsidiaria, la declaración de atipicidad del comportamiento. Ello siempre que este proceder no resulte contrario a la decisión del Defensor interviniente, justificada en intereses particulares de sus asistidos en los supuestos concretos de asistencia técnica...»


Los defensores oficiales en virtud de esta resolución, han remitido a la Secretaría General de Política Institucional sendas presentaciones dando cuenta de diversos cursos de acción realizados. En líneas generales han solicitado en el marco de estos procesos la declaración de atipicidad de conducta y/o su inconstitucionalidad. En otras causas se explicitan las razones por las cuales se requirió la suspensión del proceso a prueba y/o el sometimiento a un tratamiento curativo. Se informaron también una serie de casos en donde, dictado el sobreseimiento o absolución de los imputados, los fiscales apelaron tales resoluciones siendo revocadas las mismas por las alzadas; en estos casos se continuó la vía de los recursos extraordinarios. Los planteos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia se encuentran pendientes de resolución.

Luego de aproximadamente cuatro meses de la entrada en vigencia de la Resolución DGN Nº 1385/06, considerándose cumplidos los objetivos planteados en cuanto a la necesidad de contar asiduamente con la información de los defensores públicos, la Sra. Defensora General de la Nación procedió a la modificación del punto II de la citada resolución "...recomendando a los Sres. Defensores Públicos Oficiales que, dentro de los respectivos ámbitos de actuación, informen -y remitan las copias pertinentes- a la Secretaría General de Política Institucional...exclusivamente con respecto a aquellos asuntos que por su envergadura, oportunidad o relevancia deban ser conocidos por la suscripta ... de conformidad con lo prescripto en la norma del artículo 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público..."

Defensa del rol del defensor público. Garantía de la independencia del Ministerio Público de la Defensa y aseguramiento de la cobertura del servicio de defensa en la jurisdicción de Campana.

Oportunamente se dictaminó en el Expte. DGN N° 612/2006 tramitado en virtud de la solicitud de traslado efectuada por el Defensor Público Oficial, Dr. Darío Eduardo Carrara, que finalmente se dispuso, en virtud del art. 15 de la Ley 24.946, mediante Res. DGN Nº 864/06.

En orden a la interpretación del art. 15 de la Ley 24.946 se señaló: «La Ley Orgánica del Ministerio Público regula la estructura, funcionamiento y organización del Ministerio Público de la Defensa, instituyendo al Defensor General de la Nación como administrador del sistema de defensa pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Nacional. En ese marco, es deber del Defensor General asegurar la debida prestación del servicio de defensa, procurando el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y las leyes (cfme. arts. 51 y 21, inc.b, Ley 24.946) y es en uso de esas atribuciones que se encuentra facultado a disponer el traslado de los magistrados, en los casos y bajo las condiciones exigidas por la ley ... y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la medida, el traslado de los Magistrados debería disponerse de acuerdo a criterios objetivos orientados a una mejor prestación del servicio. Incluso sería conveniente la elaboración conjunta con la Procuración General de la Nación de una reglamentación en la que se establezcan en nivel de detalle las exigencias para la adopción de tales medidas...»

Lineamientos sobre el ámbito de actuación de los Curadores Públicos y de los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral en cuestiones relacionadas con las personas inhabilitadas (art. 152 bis del Cód. Civil)

Oportunamente el Sr. Interventor de Curadurías Públicas, Dr. Eduardo Madar, elevó presentación sobre diversas inquietudes de los funcionarios a cargo de las Curadurías Públicas, a través de la cual solicitó instrucciones sobre cuestiones planteadas respecto de personas declaradas inhábiles en los términos del art. 152 del Código Civil. Ello en razón de que se habrían planteado conflictos durante el desarrollo de la tarea cotidiana encomendada por ley a los diferentes integrantes del Ministerio Público de la Defensa -nombramiento irrestricto en carácter de curadores provisionales, sin previa instrucción sumaria; representación y asistencia en juicio de los inhabilitados- (Expte. DGN N° 811/2006). Como derivación del tal presentación, previo dictamen de esta Secretaría General, mediante Resolución DGN Nº 1469/06, se dispusieron las siguientes instrucciones: «...los Sres. Curadores Públicos Oficiales que deberán intervenir en los casos en que fueran designados por autoridad judicial, sin perjuicio de la existencia o no de instrucción sumaria previa, quedando facultados para aportar los extremos que acrediten la existencia de medios económicos que permitan la designación de curador particular...» y «...que, ante la necesidad de las personas inhabilitadas de contar con patrocinio letrado deberán intervenir las Sras. Defensoras Públicas Oficiales ante los Jueces y Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, en aquellos casos en los que los nombrados carezcan de bienes o los que tuvieran fueran insuficientes.»

Limitación de intervención de los Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral en representación de los eventuales herederos del actor fallecido.

En el marco del Expte. DGN N° 1093/2006, mediante Resolución DGN Nº 1247/06, previo dictamen de la Secretaría de Política Institucional, de dispuso que «... de acuerdo a una interpretación armónica e integral de la normativa vigente, que no corresponde que las Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados y Cámaras en lo Civil, Comercial y Laboral, tomen intervención en causas judiciales en representación de herederos ausentes de la parte actora...». Tal decisión continúa con el criterio sustentado en el Expte. DGN Nº 246/2006, donde se concluyó: " Magistrados de este Ministerio Público no pueden ejercer la representación de actores ausentes, en aquellos casos en que se desconoce la voluntad e interés actual de quienes los suceden por mantener vigente la instancia judicial iniciada, por imperio de lo establecido por el art. 19 de la Constitución Nacional y de conformidad con lo normado por el art. 1881 del Código Civil por contrario imperio, dado que su actuación desconocería la voluntad de sus eventuales representados" (Resolución DGN N° 486/06).

Dictamen positivo sobre realización de un plan piloto en el marco «Proyecto de Reforma para la Unidad de Actuación Funcional", en relación a la conveniencia de implementar un sistema de unidad de la defensa técnica de los imputados en diversas etapas procesales (principio de continuidad)

En el marco del Expediente DGN Nº 864/2006 esta Secretaría General evaluó favorablemente la posibilidad de establecer -a nivel de proyecto piloto- mecanismos que propendan a la unidad y coordinación de la Defensa Pública entre la etapa de instrucción y juicio. Más allá de las reformas normativas que fueran menester se postulan procedimientos y acciones que tiendan a una estrategia compartida entre ambas etapas procesales y básicamente que fortalezca la relación de confianza entre los asistidos y su defensores técnicos.

II. Acciones de la Defensoría General para la protección de los detenidos ante la imposición de sanciones disciplinarias.


Se concluyeron actuaciones internas referidas a las acciones y políticas de esta Defensoría General respecto a la protección de derechos de los detenidos asistidos por este Ministerio Público, ante la imposición de sanciones disciplinarias, y a la necesidad de concienciar y difundir sus derechos en el ámbito penitenciario. A tal fin, y en el marco del Convenio con el Ministerio de Justicia, se suscribió un acuerdo específico para la elaboración de un instructivo para los detenidos, de manera de difundir sus derechos y la forma de hacerlos efectivos. Para ello, tomaron intervención activa integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. El Ministerio entregó gratuitamente a la Defensoría 5000 trípticos para ser repartidos entre los detenidos de la Defensa Oficial.

III. Elaboración de Proyectos de ley y participación en trámites parlamentarios


Los análisis estadísticos y diversas Resoluciones sobre cuestiones específicas, como la Resolución DGN Nº 917/05 sobre intervención de defensores ad hoc, han culminado con la elaboración de sendos proyectos de ley, cuyas exposiciones de motivos tienen como fundamentos el relevamiento de datos propios que no son asequibles en otros ámbitos.

Por otra parte, una integrante de la Unidad Central, realiza un seguimiento de todos los proyectos de ley que interesan al Ministerio Público de la Defensa y, en cuestiones específicas, la Defensoría General ha emitido opinión, y aún, ha propuesto la redacción del articulado (vgr., entre otros, arresto domiciliario, menores sometidos a proceso penal, nuevo ámbito del recurso de casación, creación de una nueva defensoría de competencia múltiple en Resistencia).

IV. Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público de la Nación


La Unidad Central de la Secretaría de Política Institucional brinda apoyo a la las actividades que realiza el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público de la Nación.

V. Actuación de Defensores Ad Hoc

Se dictamina sobre la procedencia de su designación de empleados, funcionarios y/o profesionales de la matrícula para que se desempeñen como defensores ad hoc en los términos del artículo 11 de la Ley nº 24.946, y se lleva un registro de los designados en tal carácter en la totalidad de las Defensorías Públicas que integran este Ministerio.

Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina I

Breve reseña de las actividades realizadas en el marco del citado proyecto

La participación de la Defensoría General de la Nación en este programa se inició con motivo de la invitación cursada por el Proyecto EUROsociAL Justicia para asistir al “Diálogo sobre Justicia y Servicio Público” -en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 9 al 11 de mayo de 2006- y al “Encuentro Internacional de Redes Eurosocial. Compartir experiencias para construir cohesión social” - en Cartagena de Indias (Colombia), del 26 al 29 de junio de 2006.

A tales encuentros asistió como representante del Ministerio Público de la Defensa la Sra. Defensora Pública Oficial de la Defensoría General de la Nación, Dra. María Fernanda López Puleio.

En el marco de estos eventos se abrió un espacio de conocimiento de las diversas experiencias, de lecciones aprendidas y de retos planteados en los distintos países acerca de la concepción de la justicia como servicio público. Desde la Defensoría General se propusieron tres experiencias exitosas sujetas a ser transferidas a otras defensorías públicas.

Ante ello, y frente a la solicitud de la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de la República Oriental del Uruguay y del Servicio Nacional de Defensa Pública de Bolivia (SENADEP), se presentaron sendos proyectos de “Transferencia de Experiencias” entre las instituciones mencionadas y la Defensoría General de la Nación, los que fueron aprobados en la reunión del Consejo de Dirección de EUROsociAL-JUSTICIA celebrada en Cartagena de Indias el 30 de junio de 2006.

Las actividades aprobadas fueron:

 Actividad 2.09: Uruguay – Fortalecimiento de la Defensa Pública (orientada a la transferencia de experiencias exitosas entre la Defensoría General de la Nación y la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de la República Oriental del Uruguay).

Actividad 2.12: Bolivia – Fortalecimiento de la Defensa Pública (orientada a la transferencia de experiencias exitosas entre la Defensoría General de la Nación y el Servicio Nacional de Defensa Pública de Bolivia (SENADEP).

En ambas actividades, la Defensoría General de la Nación fue elegida como organismo responsable para realizar la transferencia de tres experiencias exitosas de programas de acceso a la justicia, a las instituciones de defensa pública de la República Oriental del Uruguay y de la República de Bolivia: Las experiencias exitosas se relacionaban con las actividades llevadas a cabo por la Defensoría General de la Nación, a partir de la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Cárceles, el Programa para la aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el ámbito interno y el Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad.

Los programas y comisiones objeto del intercambio son una muestra de las estrategias de política institucional que pueden implementarse desde las instituciones de defensa pública a los efectos de brindar apoyo a la labor de los defensores públicos e impulsar acciones para la protección de derechos de los sectores especialmente vulnerables, ampliando la cobertura del servicio de defensa pública.

Además tanto los dos programas citados, como la Comisión de Cárceles, tienen como objetivo controlar y reclamar de forma efectiva la real vigencia dentro de los ordenamientos internos de los derechos y garantías reconocidas por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, con mecanismos idóneos concretos para producir un impacto favorable en los criterios de los operadores judiciales (mayor acceso a la justicia).

En ese sentido, las actividades de intercambio se orientaron a fortalecer la capacidad institucional de los responsables institucionales de la Dirección Nacional de Defensorías Públicas de Uruguay y del SENADEP en el diseño de políticas de promoción y protección de derechos; en la generación de estructuras de apoyo a la labor individual de los defensores; en la elaboración de directrices y lineamientos de actuación para evitar repetidas situaciones de vulneración de derechos; en el diseño y ejecución de planes y programas orientados a facilitar el acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos y promover la aplicación de derechos y garantías consagrados en tratados de derechos humanos en ámbitos especialmente vulnerables; y en el establecimiento de vínculos de cooperación y colaboración y firma de convenios marco con otras instituciones para el mejor cumplimiento del servicio.

Con posterioridad, la Defensoría General de la Nación tuvo participación en otras actividades en el marco del Programa EUROsociAL, tales como:

Programa de intercambio: Actividad 13.11. Argentina – España y Francia. El tratamiento de la infancia y la adolescencia por la justicia

El objetivo del intercambio tuvo en miras mejorar las medidas y sistemas de cumplimiento y aplicación de los diferentes acuerdos internacionales y legislaciones nacionales y referentes a la protección jurídica del menor a través de una transferencia de experiencias desde dos países europeos (España y Francia) hacia los sistemas legal, administrativo y judicial de las provincias argentinas receptoras (La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Salta y Buenos Aires). A principios de 2008 se inició la primera actividad con la vistita de representantes de las instituciones receptoras a España y Francia.  Luego siguiendo las actividades del programa, representantes de las Instituciones receptoras (jueces, fiscales, defensores y funcionarios de las diversas provincias argentinas y de la Defensoría General de la Nación) participaron de un intercambio de experiencias llevado a cabo en las ciudades de Madrid y Paris.  Esta experiencia implicó la realización de nutridas entrevistas con operadores judiciales y de la administración vinculados con la materia de infancia y adolescencia, como así también trabajo de campo en dispositivos juveniles tanto penales como asistenciales, en ambas ciudades.

Participación de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) en actividades desarrolladas en el marco del Programa EUROsociAL JUSTICIA

A partir de la ejecución de las actividades descriptas anteriormente, y debido al conocimiento que se tuvo del Ministerio Público de la Defensa como institución protagónica en la región en cuestiones relacionadas con la protección y promoción de derechos, se profundizó la participación de nuestra institución en los proyectos vinculados con el Programa EUROsociAL JUSTICIA.

En esa línea, teniendo en cuenta que en ese entonces la Defensora General de la Nación era Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), por medio de EUROsociAL se invitó a la AIDEF a participar del Taller de Reflexión de Redes Sectoriales Judiciales Latinoamericanas, llevado a cabo en mayo de 2007 en Madrid.

En ese Taller se debatió ampliamente sobre el concepto de cohesión social y sus vertientes o dimensiones, llegando a la conclusión de que la mejora del acceso a la justicia a los sectores desfavorecidos constituye un elemento decisivo en la lucha contra los factores que generan la exclusión social.

En esta línea de pensamiento se habló sobre la importancia de articular mecanismos de colaboración entre las redes, y sobre la posibilidad de que EUROsociAL preste asistencia técnica para expertos o apoyo económico para la consecución de estos fines así como también en la necesidad de que EUROsociAL colabore con las redes, apoyando la implementación de acciones previstas en sus respectivos Planes de Acción que estén directamente relacionados con políticas directamente relacionadas con la cohesión social.

Además, teniendo en cuenta que la Cumbre Judicial Iberoamericana se encontraba trabajando en la elaboración de un documento sobre reglas mínimas de acceso a la justicia para sectores desfavorecidos, se consideró que la AIDEF podría participar en la elaboración de este documento y que EUROsociAL podría colaborar con el financiamiento de la participación de representantes de las redes para tales trabajos.

En ese marco, con la colaboración de EUROsociAL, la AIDEF contribuyó en la redacción de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobados por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008, y se designó a la Sra. Defensora General de la Nación como integrante de la Comisión de Seguimiento de las Reglas, en la que ha tenido activa participación hasta la fecha con la colaboración del programa EUROsociAL JUSTICIA.

Siguiendo este orden, el Ministerio Público de la Defensa participó, entre otras, en las siguientes actividades:

Organización del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 11, 12 y 13 de junio de 2008, bajo el lema Defensa Pública: Garantía de Acceso a la Justicia. El evento fue co-financiado por el programa EUROsociAL Justicia, y se llevó a cabo en ocasión del cambio de autoridades del Comité Ejecutivo de la AIDEF, por ello participaron las máximas autoridades de la Defensa Pública de todos Estados de Iberoamérica.  El tema central de los debates del III Congreso fue “Acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, con relación a 5 ejes temáticos: Pobreza, Género, Edad, Privados de Libertad y Victimización.

II Encuentro Internacional de Redes EUROsociAL “Igualdad, Estado y Ciudadanía: los pilares de la Cohesión Social”, junio de 2007.

Taller de Reflexión de Redes Sectoriales Judiciales EUROsociAL JUSTICIA, Madrid, 29 y 30 de mayo de 2008, entre otros.

Comunicación en Justicia Generadora de Cohesión Social
También el Ministerio Público de la Defensa fue especialmente invitado a participar de los encuentros “Acercar la Justicia a los Ciudadanos. Por una comunicación en Justicia Generadora de Cohesión Social” llevado a cabo durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2008, en Lima, Perú, y en el cual participaron representantes de Poderes Judiciales, Ministerio Públicos, Defensa Pública y Defensorías del Pueblo de distintos países de América Latina y Europa, y en el Taller Justicia y Ciudadanía: Hacia una comunicación en Justicia generadora de Cohesión Social, celebrado los días 25 a 27 de marzo de 2009, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, en el que se realizó el estudio y debate de un documento sobre principios o reglas básicas para una política de comunicación de las instituciones del sector justicia.

Fortalecimiento de las Capacidades Locales

En el marco del Convenio entre el Ministerio Público de la Defensa y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- rubricado el 8/06/2010, ambas partes firmaron un Acuerdo de Cooperación para Programas denominado: Fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el pleno acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes el mes de diciembre de 2010 (cfme. Resolución D.G.N. N° 1701/10).

El Acuerdo implica un Presupuesto total estimado de $621.645,11, que comprende tanto los recursos humanos y como los insumos utilizados. El aporte de UNICEF al proyecto asciende a la suma de $ 356.477,00.

Dependencias del MPD intervinientes:

 Área de Fortalecimiento Institucional, perteneciente a la Secretaría General de Política Institucional,

Programa sobre Diversidad Cultural,

Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación.

El Proyecto fue diseñado para ser desarrollado en 11 meses, desde febrero a diciembre de 2011 (prorrogado hasta el 31 de julio de 2012) con el fin de trabajar en tres ejes:

1. Fortalecimiento de las instancias de vigilancia independiente y buenas prácticas de monitoreo en instituciones de alojamiento de niños, niñas y adolescentes

Actividades:

1. Se encuentra finalizada la etapa de recolección de datos de todas las jurisdicciones del país, en miras de la elaboración de un mapa nacional de situación que permita detectar las instancias de vigilancia independiente y buenas prácticas de monitoreo existentes.

2. El día 8 de julio de 2011 se llevó a cabo el "Encuentro Nacional sobre Defensa Pública y monitoreo de la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal".

El evento tuvo lugar en el Salón Guillermo R. Díaz Lestrem, de la Defensoría General de la Nación, y contó con la presencia de defensores públicos provinciales y federales de todo el país. Fueron invitados para participar del Encuentro representantes de la defensa pública provincial (2 por cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y magistrados y funcionarios de este Ministerio Público de la Defensa del interior del país. Lamentablemente varios de los participantes convocados no pudieron asistir producto de las malas condiciones climáticas por la emisión de cenizas volcánicas en el espacio aéreo argentino, lo que provocó la cancelación de los vuelos aéreos desde y hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al Encuentro finalmente asistieron 50 participantes, entre los que se encuentran: defensores y/o funcionarios de este Ministerio Publico de la Defensa de Catamarca, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los magistrados provinciales participaron representantes de las jurisdicciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto de apertura estuvo a cargo del Defensor ante la Corte Suprema de Justicia Nacional, Dr. Julián Langevin, y de la Especialista en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF Argentina, Dra. Gimol Pinto.

La modalidad del Encuentro fue de taller, donde por la mañana expusieron los titulares de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General, sobre la experiencia de monitoreo en los centros de privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes llevado adelante por esa Comisión, con el fin de difundir buenas prácticas de monitoreo independiente. Por la tarde se llevó a cabo un debate e intercambio de ideas entre todos los asistentes, tomando las exposiciones de la mañana y la entrega del material como disparadores para pensar a la Defensa Pública en torno al monitoreo de los dispositivos penales juveniles.

3. Luego de realizado el mapa nacional de buenas prácticas de monitoreo y el “Encuentro Nacional sobre Defensa Pública y Monitoreo de la Privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal” (Resultados 1 y 2) la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes seleccionó a las Provincias de Córdoba, Chubut y Salta como buenas experiencias a difundir en dicha materia.

Una vez efectuada dicha selección, se iniciaron las tareas de relevamiento para la confección del informe. Para ello, luego de numerosos contactos vía telefónica y correo electrónico, los Coordinadores y personal de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes efectuaron un primer viaje a la ciudad de Córdoba los días 8 y 9 de septiembre de 2011 (Dres. María Carolina Paladini, Gustavo Gallo y Sandra Naghama) y un segundo viaje a la ciudad de Salta los días 19 y 20 de septiembre (del que participaron las Dras. Paladini, Diana María Yofre y María García Morabito). El tercer viaje, para relevar la experiencia de monitoreo en la Provincia de Chubut estaba programado para los días 6 y 7 de octubre (Resolución DGN Nº 990/2011) pero debió ser suspendido debido a contingencias climáticas que afectaron la salida de los vuelos aéreos (Resolución DGN Nº 1152/2011) y hasta la fecha no ha sido reprogramado.

En los dos viajes efectuados se realizaron diversas diligencias para conocer las experiencias de monitoreo seleccionadas. Así, se mantuvieron diversas reuniones tanto con los operadores judiciales provinciales como con los federales y se realizó en cada caso una visita de monitoreo a una institución de alojamiento para personas menores de edad en conflicto con la ley penal, acompañando a los Magistrados y Funcionarios que periódicamente las realizan. Se logró tomar contacto con funcionarios que ocupan cargos relevantes en la cuestión y se recibió documentación escrita en relación a las tareas de monitoreo llevadas a cabo por cada Provincia.

Asimismo, se continuó y continúa con el contacto e intercambio de informes, encontrándose la Comisión abocada a la selección de la información remitida por cada Provincia para la confección del informe en cuestión.

2. Fortalecimiento del acceso a la justicia de niños y niñas, mediante la remoción de obstáculos y el fortalecimiento de las capacidades de la defensa pública

Con respecto a este eje de trabajo, se diseñaron tres actividades:

1. Se realizó el “Encuentro Nacional sobre Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes: Estrategias y Prácticas de la Defensa Pública” el día 18 de agosto de 2011 en el Salón Guillermo R. Díaz Lestrem, de la Defensoría General de la Nación, con el fin de intercambiar experiencias sobre buenas prácticas en estrategias de defensa de niños, niñas y adolescentes.

Al Encuentro asistieron 70 personas, entre participantes, moderadores y expositores, pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa y a otras instituciones. En lo que se refiere a los/as expositores/as como al público, se cumplió con el propósito de reunir a personas representativas de los diferentes ámbitos en los que se esperaba influir. Así, se logró involucrar en la actividad a personas que ocupan lugares relevantes en la cuestión, como los/as magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa vinculados al fuero de la justicia juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo participaron defensores del fuero federal de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.

El encuentro tuvo entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de la defensa pública, en lo que respecta a las estrategias y buenas prácticas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en función de las líneas estratégicas que imponen las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad”.

En efecto, durante toda la actividad se tuvieron especialmente en cuenta las conclusiones del “II Encuentro Análisis de las 100 Reglas de Brasilia por las instituciones del Sistema de Justicia de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad”, organizadas por la Defensoría General de la Nación los días 18, 19 y 20 de octubre de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento constituyó un fructífero espacio en el que no sólo se difundieron novedosas estrategias de defensa de niñas, niños y adolescentes, sino también en el que se produjo un interesante intercambio de experiencias que permitió enriquecer las capacidades de los integrantes de la defensa pública.

El encuentro se desarrolló por la mañana con exposiciones de expertos relativas a dos temas centrales: el primero vinculado a las estrategias de la defensa pública de niñas, niños y adolescentes en las vías recursivas y el segundo sobre el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes y, específicamente, sobre la escucha de la defensa pública. Por la tarde se llevaron a cabo mesas paralelas, las dos iniciales sobre estrategias de la defensa pública ante la privación de libertad de niñas/os y adolescentes en conflicto con la ley penal y las otras dos vinculadas a los derechos económicos sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes.

2. A partir de las ponencias y debates surgidos en el Encuentro Nacional sobre Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes: Estrategias y Prácticas de la Defensa Pública se elaboró una publicación. El libro, titulado “Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. Estrategias y Buenas Prácticas de la Defensa Pública”, contiene artículos de doctrina sobre el tema, la mayoría elaborados por integrantes del Ministerio Público de la Defensa y que se terminó de imprimir en octubre de 2011, con una tirada de 500 ejemplares.

La publicación está orientada a compartir estrategias novedosas implementadas por la defensa pública y relacionadas con garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes para que, una vez difundida la publicación mediante su distribución a los defensores públicos en todo el país, sean utilizadas como herramienta en el trabajo cotidiano.

El material fue distribuido en los encuentros sobre acceso a la Justicia de niñas, niños y adolescentes realizados en la región del Noroeste argentino (Resultados 7 y 11), en el del Noreste argentino (Resultados 6 y 10) y a los defensores públicos oficiales de todo el país; en especial a las autoridades de la defensa pública de las provincias vinculadas con la defensa de niñas, niños y adolescentes. De esta forma, se aspira a ofrecer una herramienta de capacitación en la materia a un número de operadores jurídicos significativamente mayor al previsto originariamente en el Proyecto, y de forma indirecta, alcanzar a un número aún mayor de niñas, niños y adolescentes.

Se aspira a que la publicación contribuya a la labor diaria de la defensa, favoreciendo la consolidación de los criterios jurisprudenciales que mejor resguardan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

3. Por último, se encuentra contemplada la realización de dos encuentros regionales, uno en el Noroeste Argentino (NOA) y otro en el Noreste (NEA), ambos relacionados con la exigibilidad de derechos y acceso a la justicia. Estos eventos se encuentran dirigidos a defensores del fuero federal y ordinario, y se organizan en dos jornadas de trabajo: en la primera se lleva a cabo el “Encuentro sobre Acceso a la Justicia y Exigibilidad de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Estrategias y Prácticas de la Defensa Pública, en el cual se presenta y discute el material de difusión sobre la efectiva implementación de las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.” En el segundo día del evento tiene lugar la “Jornada de capacitación sobre acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes indígenas”, sobre la cual se hará mención en el próximo eje temático del proyecto.

a. Encuentro NOA: Se realizó los días 18 y 19 de octubre del corriente año en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de Salta, sito en la Av. Bolivia 4671 de la ciudad de Salta. El evento fue coorganizado por la Defensoría General de Salta, a cargo de la Dra. Adriana Mabel Arellano.

Participaron del evento integrantes de la defensa pública, tanto del fuero federal como ordinario, de las provincias de la región. Así, se contó con la presencia de 7 integrantes del MPD, 8 representantes de la justicia ordinaria de la provincia de Salta, 4 de Jujuy, 3 de Santiago del Estero, 2 de Tucumán y 5 provenientes de Catamarca, a los que se debe sumar integrantes de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación y del Programa sobre Diversidad Cultural.

El acto de apertura estuvo a cargo de la Dra. Arellano, Defensora General de la Provincia de Salta y del Dr. Damián Muñoz, Coordinador de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento  Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación.

Durante la mañana de la primera jornada de trabajo, miembros de la Defensoría General de la Nación presentaron, a modo de disparador para la discusión, estrategias de defensa y experiencias que se vienen llevando a cabo desde nuestra institución. Así, el Dr. Gustavo Gallo expuso sobre “Estrategias de la Defensa Pública ante la privación de libertad de Niñas, Niños y Adolescentes en conflicto con la ley penal”; y el Dr. Ezequiel Mercurio, profundizó sobre el art. 4 de la ley 22.278, brindando fundamentos neurocientíficos sobre la materia.

Por la tarde se llevó a cabo un taller de intercambio acerca de estrategias y prácticas de la Defensa Pública, y se concluyó con una puesta en común de lo discutido en la jornada.

b. Encuentro NEA: Se llevó a cabo, bajo la misma modalidad, durante los días 1º y 2 de diciembre de 2011, y participaron representantes de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe.

3. Fortalecimiento del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes indígenas, con pleno respeto a su diversidad cultural.

Para este eje se diseñaron las siguientes actividades:

1. Elaboración de materiales masivos de difusión para niños, niñas y adolescentes indígenas en dos lenguas tradicionales: wichi y toba. Durante los días 17 y 18 de agosto del 2011 se realizó el viaje de validación de la cartilla al Impenetrable chaqueño, en la provincia de Chaco, visitando una comunidad wichi en Nueva Pompeya y una comunidad del pueblo qom en El Espinillo.

Participaron de la visita defensores federales, una defensora provincial, una consultora de Unicef y miembros del Programa sobre Diversidad Cultural.

El objetivo es garantizar la participación y conocer la opinión de los niños y niñas indígenas en el proceso de creación de la guía, garantizando de esa manera procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas, como lo requiere la normativa internacional de promoción y protección de derechos humanos, específicamente sobre infancia e indígenas.

Se encuentra prevista una nueva visita a las Comunidades, en la que se hará entrega del material elaborado en base a la primera visita.

Así, luego de realizada la edición e impresión se llevará a cabo la difusión “en el territorio comunitario” con la activa participación de los defensores públicos y los miembros del Programa.

Ello, teniendo en consideración que por un lado, la difusión masiva no implica únicamente la distribución de material sino que se realizará en el marco de un taller donde se desarrollarán las ideas contenidas en los materiales de difusión y el objetivo del material elaborado.  Por otro lado, se espera lograr un acercamiento directo de los defensores públicos con los niños y niñas indígenas, en el entendimiento de que ese tipo de acciones se alinea dentro de las medidas “proactivas” impulsadas por este Ministerio Público de la Defensa para lograr un mayor acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

2. Como se señaló anteriormente, en el marco de los Encuentros Regionales NOA y NEA, una de las jornadas se encuentra dedicada a las Jornadas de capacitación sobre acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

a. Encuentro NOA: Se realizó los días 18 y 19 de octubre de 2011 corriente año en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de Salta, sito en la Av. Bolivia 4671 de la ciudad de Salta. El evento fue coorganizado por la Defensoría General de Salta, a cargo de la Dra. Adriana Mabel Arellano.

El acto de apertura estuvo a cargo de la Dra. Gimol Pinto, Especialista en Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, UNICEF Argentina; y del Dr.  Javier  Carlos  Azzali,  Coordinador  del  Programa  sobre  Diversidad  Cultural  de  la Defensoría General de la Nación.
Durante la mañana, el Dr. Juan Manuel Salgado, Director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas abordó temas vinculados con los derechos de los niños y niñas de las comunidades indígenas, realizando un recorrido por los estándares internacionales y la normativa específica, para luego profundizar en diferentes experiencias de litigio estratégico.

Por la tarde se llevó a cabo un taller sobre el fortalecimiento  del  rol  de  la  defensa  pública  para  brindar  protección  a  los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas. Así, se trabajó, junto con integrantes de UNICEF y del Programa sobre Diversidad Cultural, en la discusión de casos que generen un espacio de intercambio de ideas, propuestas y distintas líneas de acción posibles, con el objetivo de detectar y revertir las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia los niños y niñas indígenas, concluyendo la jornada con una puesta en común de lo discutido en la jornada.

b. Encuentro NEA: Se realizó bajo la misma modalidad durante los días 1º y 2 de diciembre del corriente, y participaron representantes de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe.

3. Una vez concluidas las Jornadas de capacitación sobre acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes indígenas, realizadas tanto en la Región NOA como NEA, se encuentra prevista la elaboración de materiales de difusión para los operadores judiciales. En ese marco, se confeccionará una guía sobre la base de la normativa legal y la jurisprudencia a fin de promover el uso de acciones colectivas destinadas a garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas. La guía se elaborará partiendo de la necesidad de fortalecer la defensa de los niños y niñas miembros de comunidades indígenas, y estará destinada a defensores públicos (federales y provinciales) enfatizando en la necesidad de la intervención de los defensores de niños/as en los casos que directa o indirectamente los encuentre involucrados. Asimismo, será importante difundirlo en los ámbitos del poder judicial ya que, en muchos casos, se observa que los jueces que intervienen en casos de comunidades indígenas no tienen en consideración la especial situación de los niños y niñas que la integran.

La Defensoría General de la Nación brinda auspicio institucional a las actividades a desarrollarse por el Aniversario del Fuero

Mediante Resolución D.G.N. Nº 568/15 la Defensoría General de la Nación brinda auspicio institucional a las actividades conmemorativas correspondientes al decimoquinto aniversario del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución CM N° 149/2014.

Descargar la Resolución

Se informa a los/as Sres./as Magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la Nación que se encuentra abierta la inscripción a los cursos correspondientes a la “XX Edición del Programa de Formación de Jueces y Magistrados de Iberoamérica” organizada por la Consejo General del Poder Judicial, en el marco del “Convenio de cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina” conforme resol. DGN 1708/2016.

La oferta de cursos de formación judicial especializada que se dictarán en España  son los siguientes:

“Fortalecimiento de la RIAEJ y de los programas formativos de la comunidad iberoamericana”.

El curso, destinado especialmente a quienes trabajen en escuelas judiciales, tendrá lugar en Barcelona durante los días 18 al 22 de septiembre de 2017, y contará con la presencia de 15 participantes iberoamericanos.

Los asistentes contarán con una única asignación económica de 1.000 € (mil euros) en concepto de manutención y alojamiento; asimismo se les contratará un seguro médico, en los términos establecidos en la póliza correspondiente, de asistencia médica urgente no farmacéutica.

 Postulación: Quienes deseen participar el curso, deberán hacerlo saber a la Secretaría General de Política Institucional por correo electrónico a la casilla: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indicando en el ASUNTO: SOLICITUD INSCRIPCION CURSO FORTALECIMIENTO RIAEJ CGPJE, hasta el viernes 14 de julio de 2017, 12.00 horas, expresando los motivos de su postulación.

Los candidatos serán seleccionados por este MPD conforme el trámite establecido en el Reglamento sobre la concesión de Becas para Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa –cfme. Res. DGN Nº 568/06-, y de acuerdo a los criterios y requisitos de la entidad organizadora.

Los candidatos que resulten elegidos conforme el procedimiento indicado en el párrafo anterior, deberán completar su inscripción al curso antes del 25 de julio a las 24 horas, hora española, según el formulario que se encuentra haciendo clic en el siguiente link: clic aquí.

(Teniendo en cuenta los datos requeridos en el formulario, se recomienda su revisión antes de solicitar la inscripción en esta Secretaría General de Política Institucional)

·         “Derecho mercantil”

Tendrá lugar en Barcelona durante los días 13 al 24 de noviembre de 2017¸ y contará con la presencia de 30 participantes Iberoamericanos, sin perjuicio de la presencia de otros alumnos.

Los asistentes contarán con un seguro médico, en los términos establecidos en la póliza correspondiente, de asistencia médica urgente no farmacéutica y también se encontrará cubierto los gastos de desayuno y almuerzo en la Escuela Judicial durante los días de celebración del curso.

 Postulación: Quienes deseen participar el curso, deberán hacerlo saber a la Secretaría General de Política Institucional por correo electrónico a la casilla: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indicando en el ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO DERECHO MERCANTIL CGPJ, hasta el miércoles 16 de agosto de 2017, expresando los motivos de su postulación.

 Los candidatos serán seleccionados conforme el trámite establecido en el Reglamento sobre la concesión de Becas para Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa –cfme. Res. DGN Nº 568/06-, y de acuerdo a los criterios y requisitos de la entidad organizadora.

Los candidatos que resulten elegidos conforme el procedimiento indicado en el párrafo anterior, deberán completar su inscripción al curso antes del 1° de septiembre a las 24 horas, hora española, según el formulario que se encuentra haciendo clic en el siguiente link: clic aquí.

(Teniendo en cuenta los datos requeridos en el formulario, se recomienda su revisión antes de solicitar la inscripción en esta Secretaría General de Política Institucional).

·         “El control de la constitucionalidad de las leyes”.

      El curso tendrá lugar en Cádiz del 11 al 15 de diciembre de 2017, y contará con la presencia de 30 participantes Iberoamericanos.

      Los asistentes contarán con un seguro médico, en los términos establecidos en la póliza correspondiente, de asistencia médica urgente no farmacéutica y tendrán cubierto los gastos de almuerzos a de martes a jueves y una cena institucional.

Postulación: Quienes deseen participar el curso, deberán hacerlo saber a la Secretaría General de Política Institucional por correo electrónico a la casilla: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indicando en el ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO EL CONTROL DE LA CONSITUCIONALIDAD, hasta el miércoles 16 de agosto de 2017, expresando los motivos de su postulación.

 Los candidatos serán seleccionados conforme el trámite establecido en el Reglamento sobre la concesión de Becas para Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa –cfme. Res. DGN Nº 568/06-, y de acuerdo a los criterios y requisitos de la entidad organizadora.

Los candidatos que resulten elegidos conforme el procedimiento indicado en el párrafo anterior, deberán completar su inscripción al curso antes del 1° de septiembre a las 24 horas, hora española, según el formulario que se encuentra haciendo clic en el siguiente link: clic aquí para inscribirse.

La oferta de cursos de formación judicial especializada que se dictarán dentro de los Centros de Formación en Iberoamérica son los siguientes:

·         “La respuesta judicial en el ámbito del derecho de la competencia”. El curso tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 17 al 20 de octubre de 2017, y contará con la presencia de, al menos, 25 participantes iberoamericanos.

·         “La prueba penal y las nuevas tecnologías”. El curso tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 6 al 10 de noviembre de 2017.

·         “Violencia de género, la mujer y los menores en el ámbito del derecho penal”. El curso tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, del 11 al 15 de diciembre de 2017.

La publicación y apertura de la recepción de solicitudes para estas tres actividades se hará conjunta con los centros de formación respectivos, dentro del marco del programa Interconecta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en función de las fechas de realización de cada curso, con la suficiente antelación.

Asimismo estos cursos estarán parcialmente becados, asumiendo la organización los gastos de alojamiento y manutención de todos los días que dure la actividad. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo de cada participante.

Para más información pueden consultar el programa de oferta de cursos,  que se encuentra disponible aquí  o pueden escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..  

Discapacidad – Salud Mental

En 2011, el Ministerio Público de la Defensa participó del Módulo de Asistencias Técnicas que se desarrolla en el marco del Programa Hispano Argentino sobre Gobernabilidad y Administración y su ampliación, que se lleva a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Programas con Financiamiento Externo dependiente de la Dirección General de Cooperación Internacional y cuenta con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Desde dicho programa se realiza un intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos técnicos y capacidades institucionales entre España y Argentina, a través de asistencias técnicas de expertos/as españoles/as en instituciones argentinas. En esta ocasión, en noviembre de 2011, el MPD contó con la colaboración del Dr. Carlos Ganzenmüller Roig, Fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España y Fiscal Delegado ante el Foro Justicia y Discapacidad.

• Cooperación Internacional
• Fortalecimiento Institucional
• Política Institucional

El Ministerio Público de la Defensa cuenta con el apoyo de diferentes programas de cooperación internacional para la ejecución de diferentes actividades, orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos, y particularmente a la remoción de obstáculos al acceso a la justicia de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Como ejemplo de ello, se mencionan algunos de ellos.

Programa EUROsocial I

Programa EUROsocial II

AECID

UNICEF

Programa de Apoyo a Diálogos sobre Políticas