Ayer por la tarde se realizó por videoconferencia un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo objetivo fue analizar proyectos para mejorar las condiciones en las cárceles y evitar la superpoblación y hacinamiento en esos lugares de detención. Participaron de la reunión como expositores la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Dr. Guillermo Todarello; el presidente del Comité de Prevención de Tortura, Juan Manuel Irrazábal; los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri; y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Dra. María Laura Garrigós.
Durante su intervención, la Dra. Martínez puso especial énfasis en mecanismos alternativos a la prisión para el cumplimiento de las penas de muy corta duración. “La ley 27.375 tuvo el efecto de suprimir todo tipo de alternativas y de libertad condicional para un número importante de delitos. Este tema hay que revisarlo porque, tal como se está aplicando, genera grandes injusticias, porque se lo aplica al narcotraficante, pero también se lo aplica a la pobre mula, que es más una víctima que una victimaria”, dijo.
Además, agregó que en este escenario de superpoblación carcelaria “se juntan penas cortas de cumplimiento efectivo, jueces estrictos que podrían ofrecer alternativas y no las aplican, y comisarías y alcaidías con presos, en donde estamos detectando casos de violencia institucional, ya que no están preparadas para alojar por un tiempo prolongado a personas que estén acusadas de delitos”.
Por su parte, el Dr. Todarello, sostuvo que "la pandemia agravó todo problema referido a la deficiencia en la generación y el tratamiento de salud, la falta de trabajo y educación, las malas condiciones carcelarias y lo que se vincula con el aumento de la violencia institucional". También aseguró que “las condiciones en las que actualmente se encuentran las personas detenidas no garantizan un piso mínimo de derechos humanos. Por eso es imprescindible empezar a pensar en un mecanismo de compensación, como puede ser el acceso a algún tipo de régimen como la libertad asistida o el arresto domiciliario. Es importante pensar en un proyecto que regule y normativice esa compensación”.