Hoy se cumplen quince años del juramento de la Dra. Stella Maris Martínez en el cargo de defensora general de la Nación. Desde entonces, su gestión se caracterizó por la protección de los derechos humanos y el impulso de iniciativas para facilitar el acceso a la justicia, con especial énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad.

La defensora general de la Nación es la autoridad máxima de gobierno y administración del Ministerio Público de la Defensa, una institución del sistema de justicia nacional y federal que se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos y garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral.

Entre las principales características de la gestión de Martínez al frente del MPD se puede mencionar el fortalecimiento de la independencia de la institución respecto del resto de los poderes del Estado, a través de una férrea defensa de su autonomía funcional y autarquía financiera, de modo de hacer operativo lo estipulado en el artículo 120 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del MPD.

Con el fin de lograr una defensa pública efectiva y adecuada con un enfoque interdisciplinario, receptivo a las necesidades y problemáticas de los sectores más vulnerables de la población, a lo largo de estos años se crearon dentro de la Defensoría General de la Nación diversas áreas dedicadas a diferentes temáticas, y asimismo se fortalecieron otras ya existentes. Estos programas y comisiones se dedican a la defensa de derechos vinculados a las personas detenidas en cárceles, al tratamiento institucional de niñas, niños y adolescentes, migrantes, refugiados, género, violencia institucional, trata de personas, víctimas de delitos, derechos económicos, sociales y culturales (DESC), diversidad cultural, discapacidad, adultos mayores y salud mental, entre otras.

El patrocinio jurídico gratuito a mujeres víctimas de violencia de género, que ha sido una prioridad fundamental durante la gestión de Martínez al frente del MPD, ha permitido representar a miles de mujeres víctimas de violencia a lo largo de estos años, asistiéndolas sobre todo para la obtención y renovación de medidas de protección, dando así respuesta a situaciones de riesgo inminente para su integridad física y psíquica.

El MPD también tiene la potestad de patrocinar y asistir técnicamente ante los sistemas internacionales de derechos humanos a las personas que solicitan el patrocinio institucional. En ese sentido, entre los litigios tramitados ante la Corte Interamericana de DDHH durante estos quince años se destacan los casos Mendoza (por aplicación de privación perpetua de la libertad por delitos cometidos por personas menores de edad) y Fernández Prieto y Tumbeiro (relacionado con detenciones policiales ilegales y arbitrarias).

También se han logrado procesos de solución amistosa con el Estado argentino en casos vinculados a situaciones de violencia de género como el de Olga Díaz y el de Marcos y Sandra Chávez, ante el Comité CEDAW y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. El MPD también ha contribuido con los sistemas internacionales y regionales de DDHH en la realización de informes relativos a la situación que se registra en nuestro país sobre temas como la prisión preventiva, DESC, procedimiento de reconocimiento de condición de refugiados, la erradicación de la violencia y discriminación contra la mujer, derechos de personas del colectivo LGTBIQ+

Estos quince años de gestión de Martínez al frente del MPD también fueron muy fructíferos en el plano internacional para afianzar el intercambio, asistencia y cooperación con organismos internacionales del ámbito regional, lo cual redundó en la promoción del desarrollo institucional de la defensa pública. En ese sentido, la defensora general de la Nación participó de manera protagónica en instituciones internacionales integradas por las máximas autoridades de la defensa pública del ámbito regional y continental, tales como la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) -donde ejerce en la actualidad el cargo de coordinadora general por segunda vez-, la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (REDPO), y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM).

Producto de esa participación, se logró que la Asamblea General de la OEA emita desde el año 2011 y de manera casi ininterrumpida año tras año, distintas Resoluciones en materia de defensa pública que destacan el rol de los/as defensores/as público/as oficiales como garantes del acceso a la justicia de la población y que recomiendan a los estados parte el fortalecimiento de las defensorías públicas.

Otro rasgo fundamental de la presente gestión del MPD es la capacitación obligatoria y permanente de sus integrantes a través de los cursos que ofrece su Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia desde hace más de diez años. Este sistema de capacitación y divulgación de información aporta a quienes se desempeñan en el ejercicio de la defensa pública una mirada basada en la protección de los DDHH que elevan sus estándares de actuación.

En el presente se plantean desafíos para la transformación y mejora del servicio de justicia, para lograr que sea más ágil y cercano a las personas que lo transitan. En ese sentido, puede mencionarse la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Salta. A partir de ello, la defensa pública organizó un esquema de unidades diferenciadas para los distintos escenarios de litigio, logrando dar una respuesta eficaz y adecuada ante un sistema de resolución de casos a través de audiencias públicas con un protagonismo activo de las partes.