El proyecto titulado “Fortalecimiento de la defensa pública especializada en materia indígena con enfoque de género en Argentina y el rol del facilitador intercultural”, elaborado por el Área de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional y el Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación (DGN) junto a la Defensoría Penal Pública de Chile (DPP), se adjudicó un Fondo Chile. La iniciativa del gobierno de ese país consiste en un mecanismo que busca promover proyectos de Cooperación Sur-Sur.
El programa tendrá una duración de 18 meses y se aplicará en las ciudades de Santiago de Chile; Buenos Aires; Salta; Resistencia y San Carlos de Bariloche. El objetivo de la propuesta consiste en crear equipos de defensa penal especializados en cuestiones indígenas y con enfoque de género que permitan fomentar el acceso a justicia y mejorar la calidad del servicio de defensa penal pública que el Ministerio Público de la Defensa argentino (MPD) otorga a personas indígenas que son imputadas por delitos en provincias argentinas con alta densidad de población indígena (Jujuy, Salta, Chaco y Río Negro).
El proyecto prevé acciones como brindar capacitaciones en materia jurídica e indígena a defensores/as públicos/as, la creación de “facilitadores interculturales” que promuevan la comunicación entre defensores/as y defendidos/as indígenas, así como también la consideración de factores culturales en la teoría del caso de la defensa y en el desarrollo del proceso penal. También se incluye la redacción de un manual de actuaciones mínimas con enfoque de género dirigido a defensores/as y facilitadores/as interculturales.
El problema que intenta abordar esta iniciativa conjunta de la defensa pública de Argentina y Chile es el obstáculo que significa el diseño de los sistemas de justicia penal latinoamericanos para el acceso a la justicia y el ejercicio de derechos de los grupos con rasgos socioculturales diversos.
Entre las características culturales de la población indígena que deben ser contempladas por la justicia para poder garantizar su plena participación en el proceso penal, el proyecto incluye a su lengua materna, los valores que tienen sobre determinadas conductas; su noción de “autoridad” y “formalidad”, los roles que despliegan ciertos integrantes de comunidades, la situaciones de vulnerabilidad distintas en que pueden encontrarse las mujeres indígenas, tanto dentro de su comunidad como respecto del resto de la población femenina, entre otros.
El proyecto que se busca ejecutar en Argentina es reflejo de un programa de defensa penal especializada de personas indígenas ya aplicado en Chile por la DPP, el cual se diseñó e implementó juntamente con personas indígenas. La meta estimada para la iniciativa es contar con 210 defensores argentinos especializados en materia indígena con enfoque de género e implementar la figura del facilitador intercultural.
