El Día Mundial de las Personas Refugiadas se conmemora el 20 de junio de cada año en honor a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Esta efeméride se celebró por primera vez en 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Para este año, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) conmemorará esta fecha bajo el lema “Solidaridad con los refugiados”, homenajeando sus historias y dando una muestra incondicional de apoyo ante su difícil situación.
Buscando de entender en profundidad esta problemática, integrantes de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio, de la Comisión del Migrante y del Área de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional de la Defensoría General de la Nación colaboraron en la confección del informe “Situación de derechos de personas con necesidad de protección internacional en busca de asilo o refugio en América Latina: un análisis regional de las zonas de frontera”, impulsado por organizaciones que forman parte de la Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM)1 y que cuenta con la participación de organismos de Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú.
Jurisprudencia
En este marco, la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio Público de la Defensa (MPD) comparte el fallo “DPVE” dictado recientemente por el Juzgado Civil y Comercial Federal N°5. En este caso –en el que intervino la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación–, una familia llegó a la Argentina en 2018. La pareja había residido en Colombia debido a que el hombre se desempeñaba como funcionario diplomático de su país de origen. Allí había nacido su hija, quien no fue reconocida como ciudadana por ningún Estado, por lo que quedó en situación de apátrida. Ya en Argentina, todos los integrantes de la familia obtuvieron el estatus de refugiados debido a situaciones de persecución que habían sufrido por parte de las autoridades del país de origen.
El MPD refuerza su compromiso diario para no sólo comprender cabalmente los conflictos de las personas refugiadas sino también para darles respuestas jurídicas y un efectivo acceso a la justicia.
