Desde 2014, por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas, de promover y proteger sus derechos, así como de tomar medidas coordinadas, amplias y sistemáticas en la lucha contra la trata de personas.
Uno de sus objetivos es instar a los Estados miembros a cumplir con los tratados internacionales y la obligación de actuar con la debida diligencia para combatir, prevenir y erradicar este delito, sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de la trata de personas, sobre la base de un enfoque de derechos humanos y género. Toda omisión a este deber constituye una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las víctimas y menoscaba o anula su ejercicio.
En nuestro país, según la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N°26.364) y su modificatoria (Ley N° 26.842), se entiende por trata de personas “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y/o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”. En otras palabras, la trata abarca todas las acciones que se realizan con la finalidad última de explotar a una o más personas. Algunas de las finalidades de explotación más frecuentes que se registran en estos casos son: explotación sexual, laboral, reducción a servidumbre, unión de hecho forzosa, matrimonio forzoso, entre otros.
Por su parte, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (N°27.372) establece un marco para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo aquellas afectadas por la trata de personas. Esta ley busca asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia, reciban un trato digno y respetuoso y puedan participar activamente en el proceso penal.
Con ese objetivo, esta ley establece la figura de la Defensoría Pública de Víctima con asiento en cada una de las provincias y la ciudad capital, que tiene, entre otras funciones, la de brindar asistencia y patrocinio jurídico para querellar a víctimas del delito de trata de personas.
Actualmente, se han instalado Defensorías Públicas de Víctimas en nueve provincias, que asisten a cientos de víctimas en todas las instancias procesales y hasta el cobro efectivo de las reparaciones: desde la instrucción, juicio, etapas recursivas ordinarias y extraordinarias. En el resto de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, son las Defensorías Públicas Oficiales y el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos los que han asumido esta función.
La asistencia a la víctima durante el proceso tiene como ejes en pleno desarrollo la identificación y cuantificación de los daños y perjuicios, incluidos los conceptos de daños al proyecto de vida y los que resultan producto de la explotación en materia de trata de personas; las singulares consecuencias del obrar de los grupos coercitivos bajo el formato de sectas; la prioridad en el cobro de la reparación de las víctimas; los concursos de delitos de trata de personas y contra la integridad sexual, entre otros. Se trabajan casos con esas iniciativas en todo el país y muchos de ellos involucran trata trasnacional y tráfico internacional de personas.
Por su parte, el Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación brinda asesoramiento y asistencia técnica a las defensorías que intervienen en causas que involucran a víctimas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. El derecho a la reparación constituye un eje de trabajo prioritario del área.
En 2024, en el marco del Programa, se creó un Observatorio de sentencias con el fin de recopilar, clasificar y desarrollar un estudio crítico de sentencias; identificar tendencias jurisprudenciales; evaluar la adecuación de las decisiones judiciales a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos; y proponer estrategias para fortalecer la protección de las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
