La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó ayer del 3° Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, bajo el lema “Por un sistema penal adolescente con perspectiva interdisciplinaria y federal”, que se realiza en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrena Guzmán” de la provincia de San Juan.
Durante su disertación “Niñez y adolescencia en conflicto; medio siglo de visión crítica”, la Dra. Martínez comenzó haciendo un repaso por la normativa legal desde 1975 hasta la actualidad relativo a la problemática de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal, tanto a nivel federal como provincial. En ese recorrido, recalcó la posibilidad de las medidas alternativas, como la conciliación, que contempla el nuevo Código Procesal Penal Federal.
También se detuvo especialmente en las condenas a cadena o reclusión perpetua que se empezaron a dictar a fines de la década del noventa y resaltó que “tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como el corpus juris internacional que habla respecto a NNyA en conflicto con la ley penal, es muy clara cuando dice que estas medidas no se pueden imponer y cuando dice que las medidas que se le impongan a los NNyA en conflicto con la ley penal no deben ser iguales que a las que se le puede imponer a un mayor”.
Por eso recalcó la importancia que tuvo el caso “Mendoza vs. Argentina” en el que la Defensora General de la Nación representó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a cinco jóvenes condenados a cadena perpetua. “En ese fallo, la Corte IDH resolvió que las penas perpetuas no respetaban las obligaciones internacionales relativas a los derechos de los NNyA, ni los requisitos de singularidad de la pena, privación de libertad al menor tiempo posible y revisión periódica de la privación de la libertad. Esas sentencias violan la Convención Americana de Derechos Humanos porque los considera prisiones arbitrarias y que por su propia naturaleza las condenas no cumplían con el propósito de reintegración social de los niños porque implicaban la exclusión máxima de la sociedad y consideró que esas sanciones constituyen tratos crueles e inhumanos en violación al derecho a la integridad personal”, subrayó la Defensora General.
Además, la Dra. Martínez insistió en la importancia de que los Estados tengan políticas públicas para abordar la problemática de los NNyA en conflicto con la ley. Por eso “aunque los jueces, juezas, defensores/as y fiscales tengamos ideas maravillosas, nunca vamos a lograr nada. Tiene que haber una política pública en la cual esté incorporada la sociedad, los educadores, los maestros de escuela primaria, psicólogos y trabajadores sociales. Esto es una responsabilidad de todos”.
Y finalizó: “Sabemos que el sistema penal es un fracaso, que garantiza que esa gente siga inmersa en un sistema de institucionalización. Tenemos que construir hacia otro lado, porque, de lo contrario, estamos destruyendo el futuro de seres humanos, violando sus derechos humanos, pero además estamos destruyendo nuestro futuro y el futuro de la sociedad. Eso es lo que tenemos que elegir: o seguir viviendo en una sociedad cada vez más violenta, o vivir en una sociedad en armonía. Una sociedad que respete, ayude, dé la mano, y que reconozca que, de toda la enorme cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, muy pocos necesitan una medida realmente violenta; la mayoría lo que necesitan es la posibilidad de saber que tienen una sociedad que está dispuesta a recibirlos”.
El foro, que continúa durante la jornada de hoy, se encuentra integrado por defensores/as, fiscales y jueces y juezas designados por sus respectivas Cortes provinciales y entre sus principales objetivos se encuentran visibilizar y jerarquizar la materia adolescente/juvenil y promover su adecuación constitucional en todas las jurisdicciones del país, con énfasis en la incorporación transversal de la perspectiva de género.
La actividad está organizada por la Corte de Justicia de San Juan, a través de la Escuela Judicial, junto al Foro Penal Adolescente y Juvenil de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) y cuenta con el auspicio del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de Naciones Unidas, UNICEF, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan y el Foro de Abogados de San Juan.
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Crédito foto: Poder Judicial de San Juan