Ante las recientes manifestaciones públicas de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Jueza Federal de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), la Defensoría General de la Nación rechaza enérgicamente expresiones que intentan menospreciar la labor que diariamente realizan las defensoras y defensores públicos en todo el país.
Nuestra institución tiene como misión garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en situación de violencia, personas privadas de libertad y otros sectores históricamente postergados.
El insólito intento de descalificación practicado por la precitada en un medio televisivo queda rotundamente desvirtuado por el contenido del Informe Anual 2024 del Ministerio Público de la Defensa, que muestra con claridad la magnitud y trascendencia de la tarea realizada. A lo largo del país, las defensorías intervinieron en cientos de casos vinculados con el derecho a la salud: desde amparos por la provisión de medicamentos oncológicos y de alto costo, hasta reclamos por tratamientos de rehabilitación, acompañantes terapéuticos y dispositivos de salud mental. También se trabajó intensamente para garantizar derechos previsionales, en especial, en situaciones de suspensión de beneficios y pensiones no contributivas que afectan a quienes se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad.
Específicamente, en cuestiones de salud y discapacidad las cifras son elocuentes; a modo de ejemplo, los datos del informe muestran que: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 61,3% de los casos corresponden a esas temáticas; en Bahía Blanca, el 58%; en Comodoro Rivadavia, el 79%, y en la jurisdicción de San Martín, a la que pertenece la magistrada en cuestión, más del 84%. Estos números evidencian que la defensa pública constituye el principal sostén para las personas en situación de vulnerabilidad que necesitan acceder al sistema de salud y a sus prestaciones. La atención a personas con discapacidad constituye un eje central de nuestra labor, tanto en la promoción de amparos para garantizar prestaciones esenciales, como en el acompañamiento a familias frente a la falta de respuestas del sistema de salud.
Asimismo, se fortaleció la representación de niños, niñas y adolescentes, con la creación de unidades especializadas para asistir a víctimas de delitos. Por ejemplo, durante el 2024 han intervenido en la representación del 68,9% de ellas. Además, se realizaron más de doscientas visitas de monitoreo a instituciones de cuidado, dispositivos de salud mental y establecimientos penales, a fin de asegurar condiciones de vida dignas y respetuosas de los derechos humanos.
A partir de la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley N.º 27.372), el Ministerio Público de la Defensa tiene bajo su órbita las Defensorías Públicas de la Víctima y se llevó adelante todos los concursos de oposición para cubrir los cargos previstos en tiempo récord. En este marco, la Defensoría Pública de la Víctima de la Provincia de Buenos Aires constituye un ejemplo destacado: durante el último año intervino en 398 casos, reflejando la magnitud y complejidad de su labor y reafirmando el compromiso institucional de garantizar un acceso efectivo a la justicia.
Paralelamente, la Defensora General de la Nación, en su carácter de Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha impulsado y acompañado acciones de gran trascendencia institucional, que han fortalecido la protección judicial de los derechos de la infancia. En este marco, ha promovido causas emblemáticas que consolidaron la defensa técnica especializada en el máximo tribunal, asegurando que la voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada en los procesos que los involucran.
Es fundamental destacar que toda esta tarea se desarrolla de manera federal y territorial, con presencia efectiva en todas las jurisdicciones del país. Desde las grandes ciudades hasta las comunidades más alejadas, el Ministerio Público de la Defensa se hace presente allí donde más se lo necesita, garantizando un acceso real a la justicia y acercando la defensa pública a cada persona en situación de vulnerabilidad.
Las infundadas declaraciones de la Dra. Arroyo Salgado desconocen y minimizan el esfuerzo de quienes, con recursos limitados y un profundo compromiso profesional, trabajan cotidianamente para asegurar que los sectores más desfavorecidos accedan en igualdad de condiciones a sus derechos.
Reafirmamos apodícticamente que nuestra labor no solo es legítima, sino indispensable para el funcionamiento del Estado de Derecho. Defender a quienes más lo necesitan es nuestra obligación y nuestra convicción. Por ello, rechazamos enfáticamente cualquier intento de deslegitimar un servicio público que constituye un pilar democrático y una garantía de igualdad ante la ley, cualquiera sea la motivación que haya guiado a quien lo ha ensayado.
Defensoría General de la Nación. Ministerio Público de la Defensa.