El pasado 16 de octubre, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) participó en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrolló desde el lunes 13 en la ciudad de Arequipa, Perú.
La encargada de representar a la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, en esta actividad, a la que fue invitada por la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, fue la Dra. Lucila Bernardini, quien se desempeña en la Coordinación de Comunicación Institucional, Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación.
La participación del MPD, única institución de defensa pública que integra la mencionada Red, se dio en una mesa de diálogo titulada “La accesibilidad comunicativa como derecho y deber”, incluida dentro de la sección “Lenguaje claro y accesible” del congreso.
En su exposición, la Dra. Bernardini dijo que la accesibilidad en la comunicación de los organismos de administración de justicia, en especial de los que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad, debe ser considerada como un derecho humano, ya que facilita la comprensión de las personas usuarias de sus servicios. A partir de esa premisa de la política comunicacional del MPD, compartió las experiencias de trabajo territorial y digital que se realizan en la institución.
De ese modo, detalló las funciones del Área de Abordaje Territorial y Trabajo Jurídico Comunitario: “Este equipo interdisciplinario nació con el objetivo de estar presente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, detectar barreras, proponer soluciones y garantizar que el servicio de defensa pública sea accesible para todas las personas”, afirmó.
Luego, al referirse a la comunicación institucional del MPD en el mundo digital, comentó: “entendimos la necesidad de construir una estrategia de comunicación que sea accesible, sencilla y cercana, por eso nos posicionamos en redes sociales no como una institución que informa ‘desde arriba’, sino como un servicio público que acompaña, explica y orienta, usando un lenguaje claro y sin tecnicismos, para que las personas puedan identificar el servicio de defensa pública como un espacio seguro, accesible y útil”.
Por otra parte, destacó que el MPD implementó, a través de su Escuela de la Defensa Pública, programas de capacitación sobre barreras comunicacionales, lenguaje claro y trato adecuado a personas en situación de vulnerabilidad destinados a sus integrantes. “Sin comunicación clara no se puede ejercer la abogacía con verdadera perspectiva de derechos humanos”, afirmó.
La funcionaria del MPD también se refirió a situaciones en las que la lengua española le es ajena a las personas involucradas en procesos judiciales. En ese sentido, dijo que “resulta indispensable visibilizar también los aportes del Programa sobre Diversidad Cultural del MPD, que ha incorporado el reconocimiento de las lenguas indígenas como parte integral del derecho a la comunicación, a la defensa y al acceso efectivo a la justicia”.
Bernardini también planteó el desafío que atraviesa el MPD para incorporar la inteligencia artificial a los canales digitales que utiliza para brindar orientación legal a sus asistidos sin descuidar el vínculo humano con ellos y ellas.
Para concluir, afirmó que “la accesibilidad comunicativa es central a los fines de los organismos de justicia, por eso necesitamos que todo el sistema asuma que cumplir ese derecho es una obligación legal, ética y humana, que permitirá que las personas que nos necesitan puedan contar qué les pasa, conocer sus derechos y recibir una respuesta adecuada”.
Participación en la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible
El MPD también estuvo presente en la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible que se realizó los días 10 y 11 de octubre pasados en la ciudad de Lima, Perú. En el panel sobre “Accesibilidad de la lengua” de ese encuentro, la Dra. Bernardini planteó la necesidad de que las universidades incorporen las habilidades blandas o comunicacionales a sus currículos generales para formar a futuros abogados y abogadas en el trabajo territorial.
La Red agrupa a más de 550 instituciones de todos los países que hablan español, entre ellas están todas las Cortes Supremas de Justicia, todas las academias de la lengua, muchas academias de ciencias morales y políticas y de jurisprudencia y legislación, un número importante de universidades y organismos gubernamentales de diferente carácter como fiscalías o defensorías, entre otros.
