Ayer por la mañana, la Defensoría General de la Nación (DGN), junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Mapa de la Policía, y con el apoyo de Omega Research Foundation, realizó una mesa de trabajo titulada “El uso de las armas menos letales en la represión de la protesta social”. La actividad tuvo lugar en el Salón auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la DGN.
El encuentro contó con las palabras de bienvenida de la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, quien dijo que “el objetivo de este encuentro es abordar la documentación e investigación de las lesiones que se generan a través del uso de la violencia policial en el marco de las manifestaciones públicas”.
La Dra. Martínez afirmó que “el Ministerio Público de la Defensa ha pretendido cumplir su rol constitucional con todos los recursos a su alcance frente al accionar policial abusivo en el marco de la represión de la protesta pacífica” y brindó detalles de ese accionar a través de las Defensorías Federales, el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN y las Defensorías Públicas de Víctima.
La Defensora General sostuvo que la realización de esta mesa de trabajo significa “capacitar a las y los operadores frente a nuevos desafíos que ofrece la realidad, como el uso de armas menos letales, que en varias ocasiones han generado graves daños a la salud de personas que participaban en las manifestaciones. Nos guía en este esfuerzo la necesidad de impulsar los estándares internacionales de protección a los derechos humanos en la investigación de esos hechos que pueden implicar torturas, malos tratos, detenciones y ejecuciones penales arbitrarias e, inclusive, ejecuciones extrajudiciales”.
“En la actualidad vivimos rodeados de mensajes confusos que, lejos de apaciguar, incentivan a la violencia de las fuerzas policiales. Se transmite la idea de que ‘hagan lo que hagan, no les va a pasar nada’ y que van a ser amparados, lo que al final resulta ser mentira. Por eso tenemos mucho contra lo que luchar y mucho sobre lo que capacitarnos”, concluyó.
A continuación, tuvieron lugar distintas mesas de trabajo relacionadas con la temática de la jornada. En la primera, la Dra. Verónica Hinestroza Arenas y Matthew McEvoy, ambos de Omega Research, realizaron una caracterización de las armas más utilizadas en la represión a la protesta social y especificaron los daños a la salud que pueden causar y regulaciones que prevén los límites para su uso.
Luego se realizó la mesa sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención, documentación e investigación de la violencia institucional. Allí intervinieron los Dres. Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional; y Pablo Rovatti, a cargo de la Defensoría Pública de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mismo espacio participaron funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de CABA y del Mecanismo Local y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El Dr. Hazan sostuvo que “cuando hay manifestantes que son imputadas por delitos federales, el trabajo que realiza el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN se relaciona a la documentación de presuntos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad federales durante las detenciones, el acompañamiento a las víctimas y la presentación de denuncias en su representación, también trabajamos en el control de las condiciones de detención y presentación de habeas corpus”. El funcionario también se preguntó por quién decide si los delitos atribuidos a manifestantes son federales o son locales. Sobre eso afirmó que “las fuerzas de seguridad, al realizar las imputaciones, seleccionan a qué jurisdicción van a hacer la consulta o van a llevar los casos, de acuerdo a una suerte de forum shopping jurisdiccional”. También sostuvo la necesidad de que se impulsen las denuncias de hechos que pueden parecer menores, pero que suelen servir para documentar el contexto de otros hechos graves.
A su turno del defensor Pablo Rovatti destacó el rol las Defensorías Públicas de Víctimas, que tienen capacidad de brindar patrocinio jurídico, a partir de ciertos requisitos de admisibilidad, a víctimas de delitos especialmente graves, como los son los de violencia institucional. También detalló que esos magistrados y magistradas continúan la tarea ejercida desde hace tiempo por el MPD a través de un área especial dedicada a patrocinar a las víctimas.
El tercer y último bloque de exposiciones trató sobre las querellas en causas actuales a raíz de hechos perpetuados durante represiones a la protesta social, como el “caso Pablo Grillo”. También la organización Mapa de la Policía expuso sobre su método para el monitoreo de la represión a la protesta social y se abordó el rol que cumplen los y las peritos en la investigación de delitos relacionados al uso abusivo de la fuerza. Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó su “Manual sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público”.
Participaron de la actividad jueces, juezas, fiscales, defensoras, defensores, tanto federales como de la Ciudad de Buenos Aires, también legisladores nacionales y de la ciudad, comisionados del Comité Nacional contra la Tortura, representantes de mecanismos locales de prevención de la tortura, de la ACNUDH y de organizaciones de la sociedad civil.
