El día de ayer se realizó la Tercera Jornada Anual de Diversidad y Justicia, organizada de manera conjunta por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el grupo Diversidad y Justicia. El evento, donde disertaron distintos/as integrantes de entidades defensoras de derechos de las personas LGBTIQ+, de la defensa pública oficial y del ámbito de la salud pública, tuvo lugar en el auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación.
La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, fue la encargada de brindar las palabras de apertura junto a Milo Juan Sznaider, de Diversidad y Justicia. La magistrada destacó la importancia de la jornada “sobre todo si tenemos en cuenta los tiempos difíciles por los que estamos atravesando”, para luego analizar las diversas afectaciones que sufre el colectivo LGBTIQ+ y el acceso efectivo de esta población a sus derechos. “Este grupo ha sido, y continúa siendo, objeto de múltiples exclusiones desde temprana edad: exclusiones de la familia y de los ámbitos educativos, laborales y sanitarios; expectativa de vida sensiblemente inferior al promedio de la población, estimada entre 35 y 42 años; alta exposición a distintas formas de violencia; falta de acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales seguras; pobreza acentuada y acceso restringido a la vivienda y a los derechos económicos, sociales y culturales; y gran cantidad de personas travestis y trans que se ven obligadas a dedicarse al trabajo sexual (obviamente hay un grupo que lo hace voluntariamente como elección, pero otro que lo hace porque no tiene más remedio que hacerlo)”, dijo la Defensora.
Luego, la Dra. Martínez subrayó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió el contexto de discriminación estructural en que está inserta esta población y refirió que los Estados están obligados a protegerla. En este sentido consideró que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, toda norma o práctica que redunde en un trato desfavorable se presume discriminatoria y activa un deber reforzado de los Estados para remediar esa situación”. Pero, señaló la Defensora General, “lo que ocurre es que, en este momento, la postura del Estado, lejos de proteger, lejos de acompañar, va en sentido exactamente contrario”.
Para Martínez, las agencias policiales y la administración de justicia “suelen reproducir e incluso recrudecer las discriminaciones y violencias que padecen las personas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género”. En ese sentido, destacó especialmente la violencia en comisarías y en espacios carcelarios, pero también en el ámbito judicial. El estado de situación actual, analizó la defensora, “exige mirar con atención cómo las instituciones judiciales muchas veces reproducen las desigualdades estructurales. El sistema de justicia debería actuar con especial diligencia para garantizar los derechos de las personas históricamente discriminadas. Sin embargo, con frecuencia, sucede lo contrario: los prejuicios, los estereotipos de género y la falta de formación en diversidad generan mayores niveles de exclusión y violencia institucional”.
“Nuestro rol como defensa pública implica escuchar con empatía, acompañar, visibilizar y trasladar al ámbito judicial las violaciones de derechos que sufren las personas LGBTIQ+ y exigir que las respuestas institucionales sean efectivamente reparadoras. Cada caso, cada intervención judicial, es una oportunidad para cuestionar el sesgo estructural y promover interpretaciones del derecho más inclusivas. Con este enfoque, lograremos contribuir a transformar las prácticas judiciales y promover una cultura institucional respetuosa de la diversidad, la igualdad y la no discriminación”, finalizó la Defensora General.
Milo Juan Sznaider, a su turno, destacó la jornada como espacio de encuentro y resaltó la importancia de crear redes, dentro del sistema de administración de justicia, que den visibilidad y pongan en cuestión diversas problemáticas ligadas al colectivo LGTBIQ+. Hacerlo, dijo Sznaider, representa “una herramienta que hay que aprovechar. Es muy importante que dentro de cada oficina haya cuanto menos una persona que de esa discusión”.
Luego de la entrega de una distinción a la Dra. Martínez por parte de Diversidad y Justicia, la jornada se desarrolló a través de paneles temáticos que abordaron distintos desafíos que el sistema penal presenta a las personas LGBTIQ+, así como los principales obstáculos que enfrenta este colectivo en la actualidad para alcanzar el disfrute pleno de sus derechos humanos.
