El día de ayer, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó del acto de inauguración del Encuentro Nacional de la Defensa Pública (ENDeP) 2025, que se realizó en el Salón del Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El evento reúne a Defensores y representantes de todo el país bajo el lema “Nuevos desafíos para la Defensa Pública”.
La apertura contó con la presencia, como anfitriones, de la Defensora General de Jujuy, Dra. María Gabriela Burgos; y el defensor general adjunto, Dr. Guido Matías Luna; junto al vicegobernador Alberto Bernis. También participaron el coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y Defensor General de Río Negro, Dr. Ariel Alice; el Dr. Federico Otaola, juez suplente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy; y la defensora oficial Dra. María Carolina Ocampo, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
En la mesa de apertura la Defensora General destacó que “estos encuentros son muy importantes porque todavía la defensa pública no es lo suficientemente protagonista en la sociedad. Cualquiera sabe lo que es un juez o un fiscal, pero no todos saben que existen los defensores. Sin embargo, cuando la gente conoce nuestra tarea advierte su importancia. Por eso necesitamos que la voz de los defensores y defensoras públicas tenga presencia en la sociedad, que seamos un actor tan fuerte como lo son los otros dos estamentos del sistema de administración de justicia”.
Tras la apertura, la Dra. Martínez ofreció la conferencia inaugural “Defensa Pública: 30 años de logros y desafíos”. “Hace más de tres décadas que participamos de la construcción de la defensa pública, una institución que existe desde la época colonial y persistió integrada al Poder Judicial, pero debilitada, con un rol de auxiliar y un mandato implícito de no molestar y de legitimar las decisiones judiciales”, reflexionó sobre los inicios.
“El primer quiebre de esa situación se dio cuando se instauraron los tribunales orales; allí, ante la presencia del acusado, el rol de la defensa debió volverse más activo. Pero los recursos de la defensa siguieron siendo inferiores frente a los de los jueces y fiscales, y nunca dejamos de luchar por equipararlos”, continuó.
La Defensora General recordó como un gran avance a la reforma constitucional del año 94: “la inclusión del Ministerio Público como órgano extra poder es lo que impide que haya interferencias políticas y judiciales en nuestro trabajo, pero no fue una concesión gratuita, sino el comienzo de un nuevo camino de lucha sostenida por los derechos y por los espacios”. “El artículo que consagró nuestra autonomía se incluyó casi a punto de cerrarse el debate constitucional y con una redacción que dejó muchas dudas y dio lugar a confrontaciones con el Poder Judicial, que aún continúan, tanto por los recursos materiales y humanos como por los espacios físicos de trabajo”.
También recordó que “la ley del Ministerio Público del año 98 repitió la misma falta de especificidad sobre nuestro rol que la Constitución, pero entonces ya se había entendido que no somos auxiliares del Poder de Judicial y que podemos actuar con autonomía, sin esperar que nos llamen”.
Martínez calificó a la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa de 2015 como “muy importante en el fortalecimiento de nuestra posición”. “Allí, por primera vez, se dice que somos un organismo de defensa y protección de derechos humanos y que garantiza el acceso a la justicia de manera integral, lo que nos permite intervenir incluso en conflictos prejudiciales”, comentó.
Según la expositora, otros aspectos que fortalecieron a la defensa pública fueron la formación de cuerpos periciales propios y la realización de exámenes y concursos para la designación de empleados, funcionarios y magistrados. “Eso nos proveyó de integrantes mejor formados y evitó el nepotismo” afirmó.
Sobre las defensas públicas de las provincias argentinas dijo que hace veinte años su autonomía ha ido creciendo con la incorporación de la figura de un defensor general, independiente del procurador y de los jueces, también como resultado de arduas batallas institucionales y legales, de las cuales todavía quedan algunas por finalizar, como las de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Misiones y Catamarca.
También destacó los progresos en la presencia y el reconocimiento de la defensa pública a nivel internacional y regional, en especial con la conformación del cuerpo de Defensores Públicos Interamericanos.
“Creo que tenemos que caminar hacia una reforma constitucional que garantice la absoluta separación de la defensa y de los fiscales y que conforme un sistema de administración de justicia basado en tres pilares: el poder judicial, los fiscales y los defensores, que deben ser autónomos entre sí y contar con órganos propios para la selección y la remoción de sus integrantes; además de tener recursos para formarse en las temáticas y capacidades específicas que cada una de esas tres funciones requiere. Esa separación nos va a permitir ganar poder y autonomía”, opinó.
“Todos estos avances en la eficiencia y accesibilidad de la justicia, que son en beneficio de las personas que acuden a sus servicios, son el resultado de una lucha a la que todavía le falta mucho por lograr. Esa utopía es el camino que tenemos que seguir recorriendo para que la defensa pública argentina siga siendo un ejemplo en la región y una garantía para nuestros defendidos”, concluyó.
ENDeP 2025
Este evento, que culmina hoy por la tarde, es organizado de forma conjunta entre el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Ministerio Público de la Defensa de Jujuy y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Cuenta con el apoyo de la AMFJN, el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la Provincia de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.
Durante el encuentro se realizan diversos paneles que tratan ejes temáticos como medios de prueba e igualdad de armas en el sistema acusatorio; nuevos conflictos en litigación civil; tecnología, evidencia digital e inteligencia artificial; protección integral de infancias y adolescencias; juicio por jurados; salud mental; litigación civil y cuidados; reformas legislativas en el ámbito penal; y bienestar organizacional.
