Ayer por la mañana, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tuvo lugar el Quinto Encuentro de la Red de Prestadores de Servicios Jurídicos Gratuitos. El evento reunió a instituciones públicas que brindan servicios jurídicos gratuitos y especializados en los sectores más vulnerables de la sociedad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Red se formó en el año 2018 para coordinar estrategias de trabajo que vuelvan más efectivo el acceso a derechos de las personas y del encuentro de ayer surgirá un documento de conclusiones sobre el estado actual del acceso a derechos en problemáticas urgentes como la situación de niñas, niños y adolescentes; salud y discapacidad; migrantes; vivienda y derechos humanos; y violencias. Asimismo, lo debatido dará lugar a propuestas para fortalecer este tipo de servicios.

La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, en las palabras de cierre del encuentro dijo: “para nosotros el trabajo en red y el trabajo de los prestadores de servicios jurídicos gratuitos es fundamental y merece todo el respeto y la consideración de aquellos que están en la verdadera trinchera”. “No podemos asumir una actitud pasiva y quedarnos en nuestros edificios, que habitualmente están ubicados en el centro de la ciudad, lejos de los lugares donde se dan los conflictos, y en general son lugares hostiles”, animó a los presentes.

Sobre el trabajo en territorio que realiza el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), afirmó que “en la Ciudad de Buenos Aires lo realiza el equipo del Dr. Mariano Gutiérrez, pero también cubrimos todo el país con los defensores y defensoras federales que plantean amparos en los casos de cualquier negación de derechos. Por el tema de discapacidad, pero también cuando hay algún problema de prestación de salud que no se cumple, lo mismo ocurre con el tema de las jubilaciones, ni hablar con los remedios especialmente caros”.

“La República Argentina, en general, firma todos los convenios internacionales de derechos y también se dictan leyes maravillosas, pero eso después no se cumple. Si no hay previamente un proceso de reclamo, que es generalmente judicial, las leyes no se aplican automáticamente”, sostuvo.

La Dra. Martínez consideró que la situación social actual es crítica: “sigue habiendo montones de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que padecen la crisis económica, problemas de salud, problemas culturales y esto exige cada vez más el rol de la justicia. No podemos bajar los brazos frente al discurso oficial que dice que los derechos no existen, que el Estado no tiene que hacer nada. Yo estoy de acuerdo con que no hay que despilfarrar, que el dinero del Estado debe ser manejado de manera híper responsable porque no es el dinero mío o de un ente, es el dinero de todos, hasta de las personas más pobres que pagan impuestos cuando compran. Pero también es cierto que, cuando es necesario, ese dinero se debe aplicar a las necesidades más fundamentales, sobre todo porque vivimos en una comunidad y parte de esa comunidad necesita el apoyo del Estado”.

En relación al rol que cumplen los y las operadoras judiciales en el territorio afirmó que consiste en garantizar el acceso a la justicia: “es un derecho humano fundamental que permite acceder a otros derechos que, sin una judicialización, muchas veces, son negados o se convierten en algo muy difícil de conseguir”. “Nuestro rol es exigir a los jueces que evalúen cada situación y que, cuando una necesidad no se puede suplir de otra manera, exijan a los órganos públicos que las cubran. Pero también tenemos que hacer un amplio trabajo de difusión de derechos, para que la gente pueda saber a dónde tiene que recurrir para que se haga realidad el derecho que está reconocido formalmente”, sostuvo.

“Muchas veces, somos la primera persona del Estado que se acerca a alguien en conflicto o que está en una situación de crisis para intentar ayudarlos a superar ese problema. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de derecho. Las personas con las cuales nosotros trabajamos tienen derechos y nosotros hacemos lo que manda el ordenamiento jurídico y esa es una forma de construir democracia”, afirmó.

“Tenemos que seguir trabajando sin perder la esperanza, detectar cuándo un derecho está siendo lesionado y luchar por restablecerlo. Para construir un mundo más justo y restituir la armonía en la sociedad, tenemos que ser como la gota que horada la piedra”, alentó al concluir su disertación.