El presente proyecto fue de carácter local y formó parte de la II Edición de EUROsocIAL.

El proyecto se ideó con el propósito de fortalecer los derechos de las mujeres privadas de libertad en base a las directrices de las Reglas de Bangkok y, en ese sentido, mejorar sus condiciones de detención y hacer valer sus derechos fundamentales.

El antecedente que se tomó en consideración para la formulación del proyecto fue la experiencia previa llevada a cabo por la Defensa Pública de Costa Rica durante el año 2014 –que también contó también con el apoyo de EUROsociAL– y que culminó con la creación de una red de derivación en la que se involucra a diversas instituciones para que asuman sus respectivas competencias y den respuesta a la situación de desamparo y desprotección en la que quedan las mujeres que transitan proceso penal y sus familiares.

Así, a partir de la tarea realizada por un grupo de trabajo local en conjunto con expertos costarricenses –quienes llevaron adelante una misión en Buenos Aires durante el mes de junio del 2015–, se lograron importantes avances en orden a la futura conformación de una Red de Derivación Interinstitucional que tiene como destinatarias a las mujeres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios federales de la República Argentina, y sus grupos familiares.

El proyecto de trabajo fue formulado de acuerdo a las siguientes fases:

Primera fase: de carácter diagnóstico, implicó la aplicación de una encuesta a mujeres privadas de libertad. A fin de acceder a información actualizada que permitiera conocer sus condiciones de vida dentro de la prisión, situación sociofamiliar previa y posterior al encarcelamiento, trayectorias educativas y laborales, su situación procesal, entre otros, se realizaron, entre los meses de abril y mayo de 2015, 244 encuestas a mujeres privadas de libertad en las dos unidades penitenciarias federales que alojan mujeres dentro del área metropolitana de Buenos Aires (Complejo Penitenciario Federal IV y Unidad Nro. 31 de Ezeiza, en la que también se alojan algunos niños menores de cuatro años con sus progenitoras). Para ello se contó con la colaboración de las defensorías públicas de este MPD.

Segunda fase: se orientó a la identificación de las instituciones que tienen responsabilidades directas respecto del acceso a derechos de esta población, incluyendo a sus grupos familiares y particularmente a las/os niñas/os y personas menores de edad o dependientes.