Hacia la autonomía de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia.

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la Resolución AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) “Hacia la autonomía de la Defensa Pública Oficial como garantía de acceso a la justicia”. Esta resolución constituyó un nuevo logro en el campo de la defensa pública en el hemisferio, por cuanto profundiza el compromiso de los Estados Miembros en pos de lograr la autonomía de sus respectivas instituciones de defensa pública.

Cabe destacar que el proyecto de esta Resolución fue propuesto por la Misión permanente argentina en la OEA, a instancia de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional de esta Defensoría General de la Nación, en el marco de las políticas de fortalecimiento de la Defensa Pública en la región que lleva adelante la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Asimismo, fue copatrocinado por las Misiones Permanentes de Chile y la República Dominicana ante la OEA.

En efecto, uno de los puntos más salientes de este nuevo instrumento es el quinto punto resolutivo, en el cual se destaca la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria de la defensa pública oficial como parte de los esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida.

La resolución alienta nuevamente a los Estados que aún no cuenten con la institución de la defensa pública a que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus ordenamientos jurídicos, al tiempo que reitera una vez más a los Estados que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales gocen de independencia, autonomía funcional,  financiera y/o presupuestaria y técnica.

Asimismo, se afirma la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita prestada por los Defensores Públicos Oficiales para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad en todas las etapas del proceso.

En lo que hace al ámbito interamericano, la resolución alienta a los Estados Miembros a promover la participación de los defensores públicos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin que el derecho a defensa técnica sea ejercido y garantizado desde la primera actuación del procedimiento dirigida en contra de una persona a nivel nacional hasta la emisión de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En virtud de esta nueva resolución se llevará a cabo una segunda sesión especial en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA que versará sobre el intercambio de buenas prácticas y experiencias generadas a partir de la implementación de las Resoluciones AG/RES 2656 (XLI-O/11) y AG/RES. 2714 (XLII-O/12). Esta reunión tendrá lugar en el primer trimestre del año 2014 y se realizará con la presencia de los Estados miembros y de sus respectivas instituciones públicas oficiales de asistencia jurídica, de integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), expertos del sector académico y de la sociedad civil, así como de las organizaciones internacionales.

Aún más, el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos elaborará una compilación de buenas prácticas sobre acceso a la justicia y defensa pública en la región, en seguimiento del párrafo resolutivo 6 de la resolución AG/RES. 2656 (XLI-O/11)  y del párrafo resolutivo 9 de la resolución AG/RES. 2714 – (XLII-O/12), con las recomendaciones que estime pertinentes en vías de consolidar, paulatinamente, el sistema de defensa pública autónoma e independiente en el continente.