Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores
Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas Con Discapacidad
Antecedentes
Desde finales de 2012 y durante el transcurso de todo el año 2013, el Ministerio Público de la Defensa, a través del Programa sobre temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores dependiente de la Secretaría General de Política Institucional de la DGN, participó como coordinador en el proyecto aprobado en noviembre de 2012, orientado a la “Reducción de obstáculos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, desarrollado en el marco del Programa EUROsociAL II, Programa para la Cohesión Social en América Latina, en el marco del sector Justicia, del componente Acceso a la Justicia, cuyos socios operativos son las entidades Justice Coopération Internationale (JCI) y Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (Fundación Abogacía Española), bajo la coordinación de France Expertise Internationale (FEI), que financió gran parte de las actividades llevadas a cabo.
El Programa EUROsociAL II pretende contribuir a aumentar la cohesión social en nuestra región, apoyando las políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social y fortalecer las instituciones que las llevan a cabo.
En relación con el sector Justicia del citado Programa, el componente Acceso a la Justicia tiene como objetivo general reducir de manera efectiva las barreras al acceso a la justicia y ampliar la cobertura de justicia estatal en favor de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo la aplicación de las Reglas de Brasilia.
Para alcanzar ese objetivo general, desde el Programa EUROsociAL II se previó, entre otras, una actividad orientada a la implementación de protocolos nacionales de buenas prácticas para reducir las barreras de acceso a la justicia, facilitando el intercambio de buenas prácticas a nivel regional y entre la Unión Europea y América Latina.
Con ese fin, se identificó a las personas con discapacidad como grupo prioritario que requería un trabajo conjunto para promover acciones tendentes a mejorar su acceso a la justicia.
En ese sentido se aprobó la realización del proyecto mencionado, destinado a la Reducción de obstáculos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Las instituciones que participaron fueron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), y de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos-, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a través de la Oficina de Acceso a Justicia), y este Ministerio Público de la Defensa, a través del Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores dependiente de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, en calidad de coordinador.
Su objetivo específico apuntó a “la reducción del impacto de las barreras socioculturales (actitudinales -prejuicios y discriminación-, falta de sensibilización y lingüísticas) de los operadores de justicia, que afectan a las personas con discapacidad”.
Específicamente, se propuso la elaboración de un protocolo (guía de buenas prácticas), –con la asistencia técnica de expertos– que recogiera recomendaciones y propuestas sobre el trato adecuado que debe brindarse a las personas con discapacidad, orientado hacia los operadores del servicio de justicia, siguiendo los postulados establecidos por la CDPD y las Reglas de Brasilia.
Paralelamente, se proyectó la confección de cartillas de difusión en formato accesible, dirigidas prioritariamente a las personas con discapacidad, y el diseño de un plan de formación de formadores para operadores del servicio de justicia, con énfasis en la necesaria toma de conciencia acerca de la implementación del modelo social y de derechos humanos establecido en la CDPD.
El éxito alcanzado fue producto del enorme esfuerzo de las instituciones mencionadas que trabajaron en forma coordinada, siguiendo una metodología exigente, que incluyó la participación efectiva de personas con discapacidad, de organizaciones de la sociedad civil vinculadas y de operadores del servicio de justicia, y que contó con el apoyo de expertas de nuestro país y del extranjero.
Actividades Desarrolladas
En el marco del proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades, coordinadas por el Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores de la DGN, y con el apoyo logístico del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de Política Institucional:
Mesa de Diálogo
Las actividades del proyecto mencionado se iniciaron con una Mesa de Diálogo que reunió al equipo local de las instituciones organizadoras, con personas con discapacidad y familiares, y organizaciones de derechos humanos involucradas en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con el objeto de identificar, mediante el intercambio de experiencias, las barreras socioculturales que se presentan a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. La actividad se realizó en diciembre de 2012.
En la Mesa de Diálogo celebrada en 2012 se establecieron los contactos operativos con redes de usuarios y organizaciones de la sociedad civil. Inclusive, se los hizo partícipes del proceso de elaboración de los documentos del proyecto, a través de consultas directas relacionadas con el material a realizar o con reuniones de trabajo para profundizar sobre la detección de barreras al acceso a la justicia de las PCD. Entre otras, las organizaciones contactadas fueron: Fundación Nosotros; APUSSAM –Asamblea Permanente de Usuarios de los Servicios de Salud Mental; Fundación Huésped; EMA (Esclerosis Múltiple Argentina); CRECIENDO (transplantados); HIPUA; Fundación PAR; APADIN –Asociación de padres de infantes con trastornos neurológicos-; REDI / Médicos del Mundo Argentino; Instituto de Discapacidad del Colegio Público de Abogados de San Martín; Asociación Latinoamericana de Medicina Social; Fundación AFASIA; ADC –Asociación por los derechos civiles-; Comisión Discapacidad CCSC –Cancillería Argentina; Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos; CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales–; Fundación IPNA; ACIJ –Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-; ASPPE –Asociación Civil de Profesionales para la Equidad–; Fundación de AFASIA “Charlotte Schuarz”; Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Comisión de Discapacidad ABA –Asociación de Abogados de Buenos Aires–; Asociación Argentina de Padres Autistas; REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad–.
Pasantía
Asimismo, funcionarios de las instituciones participantes realizaron una pasantía en instituciones españolas vinculadas con el sector justica y con organizaciones relacionadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, como ser el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial de España y las Fundaciones ONCE, CERMI y AEQUITAS, con el objeto de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, orientadas a la formulación del Protocolo.
Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad
Propuestas para un trato adecuado
Una vez recabada dicha información se dispuso la participación de las Dras. María Soledad Cisternas Reyes, Presidenta del Comité de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, y de la Dra. María Silvia Villaverde, Juez de los Tribunales de Familia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, como expertas internacional y nacional, respectivamente, con el objeto de acompañar y brindar apoyo técnico específico a las instituciones participantes en la elaboración del protocolo.
Así, la Dra. Cisternas diseñó un plan de trabajo a seguir para la elaboración del Protocolo. De conformidad con dicho plan, se analizó la normativa vigente en materia de discapacidad, las distintas instancias de intervención en el marco de los procedimientos judiciales y la interacción de los operadores con las personas con discapacidad, las barreras percibidas por las personas con discapacidad en el ámbito de justicia, el nivel de toma de conciencia por parte de los actores del sistema de justicia sobre la base de los postulados que surgen de la CDPD, entre otras cuestiones relacionadas con la temática.
Ese abordaje se efectuó bajo dos modalidades; por un lado, se realizó un análisis cualitativo referido esencialmente a la información obtenida en forma directa con las personas seleccionadas para la aplicación de cuestionarios –a operadores del servicio de justicia-, entrevistas personales –a magistrados y personas con discapacidad– y grupos de discusión –con personas con discapacidad y organizaciones vinculadas con la temática–; y, por el otro, un examen cuantitativo fundamentado en la información estadística existente con respecto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
El trabajo de recopilación documental, de información, de análisis y de confección del documento fue abordado desde una perspectiva interdisciplinaria y teniendo en cuenta los aportes de los distintos actores involucrados.
Como resultado de este trabajo se elaboró el Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con discapacidad, con el Prólogo de la Dra. María Soledad Cisternas, dirigido a jueces, fiscales, defensores, otros operadores de justicia y personal auxiliar de la administración de justicia, cuyo objetivo central es brindar recomendaciones y orientaciones prácticas acerca del trato que debe procurarse a las personas con discapacidad.
Este documento se estructuró en cuatro capítulos que profundizan sobre aspectos fundamentales a tener en cuenta, luego de la introducción, contexto y metodología del trabajo.
El capítulo primero Organización judicial y principios generales del derecho en la República Argentina, describe el panorama institucional y axiológico del sistema de justicia del país. Un segundo capítulo avanza sobre los Fundamentos teóricos del protocolo, invitando a examinar el modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad, a la luz del nuevo paradigma reconocido en la CDPD.
Efectivamente, y conforme lo explica la experta internacional en el referido prólogo: “El actual enfoque de las personas con discapacidad, como sujetos de derecho, implica la sumatoria de tres aspectos configurativos: deficiencia que puede presentar una persona, su interacción con diversas barreras y sus restricciones a la participación. En la actualidad, el acento no se coloca en la deficiencia de la persona. La interacción con barreras será un factor crucial en cuanto a eliminación de obstáculos y también implica la adopción de medidas que posibilitan el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido el entorno y los factores contextuales positivos serán decisivos para el impacto deseado, en términos de participación plena y efectiva en la sociedad. Dicha participación será medible en referentes del efectivo goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad”.
El capítulo tercero, introduce experiencias concretas de buenas prácticas en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en la doctrina comparada. Por su parte, el último capítulo titulado Orientaciones específicas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad: detección de barreras socio culturales/actitudinales y recomendaciones, “refleja un notable avance en orden a definir barreras específicas que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, identificadas por tipologías seleccionadas y las recomendaciones concretas hacia el sistema judicial y sus operadores”.
Además, destaca que dichas propuestas o recomendaciones “son “guías y orientaciones” no excluyentes de muchas otras adecuaciones que pueden implementarse y aplicarse para el adecuado acceso a la justicia de las personas con discapacidad.” Y señala que “en este plano debemos tener como eje el concepto de ajustes razonables, que son: “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (artículo 2 CDPD). La ratificación de la Convención por la República Argentina, significa la incorporación del concepto de “ajustes razonables” en su ordenamiento jurídico. Esto implica que, en el ámbito que nos ocupa, su manejo debe promoverse activamente dentro y desde el poder judicial, lo que entraña su comprensión y apropiación por todos los jueces, otros operadores y auxiliares de la administración de justicia. Tan central es este Concepto, que la misma Convención se ha encargado de precisar que la denegación de ajustes razonables, puede constituir discriminación (artículo 2 CDPD).”
Los capítulos del protocolo pueden ser leídos de forma independiente y, particularmente el último capítulo, podrá ser llevado a cartillas de derechos, en lenguaje sencillo y comprensible para el público en general, con especial atención a los formatos accesibles.
En orden a lo expuesto, a los fines de facilitar la difusión e implementación del protocolo, se elaboró una versión ágil más reducida. Con ese propósito, se prescindió del capítulo sobre Organización judicial y principios generales del derecho en la República Argentina, contenido en el documento original; se sintetizó el capítulo sobre Fundamentos teóricos; y se reorganizó y adecuó el atinente a Orientaciones específicas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad: detección de barreras socio culturales/actitudinales y recomendaciones, conforme las Reglas de Brasilia y la CDPD.
Por su parte, teniendo en cuenta el compromiso asumido por este Ministerio Público para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el acceso a la justicia, entre quienes se encuentran las personas con discapacidad, y reafirmando lo señalado por la Dra. María Soledad Cisternas, con respecto a que el protocolo “es un aporte a la cultura jurídica, a la “toma de conciencia” y a la implementación de todas aquellas adecuaciones que requieran las personas con discapacidad, para su efectivo acceso a la justicia, identificadas y aplicadas caso a caso, con el consiguiente impacto positivo en la eliminación de barreras y la participación plena y efectiva en la sociedad, en términos de exigibilidad y justiciabilidad de derechos”, mediante Res. DGN N° 1417/13 se aprobó el Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado- en su versión ágil de manera de facilitar su implementación-, y se instruyó a los magistrados, funcionarios y empleados de la institución para que, en sus respectivos ámbitos de actuación funcional, apliquen las propuestas y recomendaciones allí contenidas, y se impulsen medidas orientadas a su difusión y adopción.
Además, el Protocolo también fue aprobado por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, por Res. FG N° 434/13, y fue adoptado por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero.
Material de Difusión de Derechos
Con el objetivo de que los beneficiarios de este proyecto puedan hacer exigibles los derechos del Protocolo, también se elaboraron cartillas de difusión de derechos en versión ilustrada y lenguaje sencillo, en formato DVD con contenido de material en audio, en Lengua de Señas y en texto accesible, para ser entregado a las personas con discapacidad. El contenido de las cartillas y el resto del material se refiere específicamente al Derecho a un Trato Adecuado que deben recibir las personas con discapacidad por parte de los operadores del servicio de justicia, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia.
Taller de Formación y Toma de Conciencia: Derecho a un Trato Adecuado
Acceso a la Justicia de las Personas con discapacidad
A su vez, y a los efectos de facilitar la aplicación del Protocolo, y siguiendo las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 8 y 13) y de la jurisprudencia de la Corte IDH en la materia, se elaboró un Taller de Formación y Toma de Conciencia, con el objetivo de brindar herramientas a los operadores del sistema de justicia para que puedan hacer efectivos los derechos humanos reconocidos a las PCD y para que se posibilite la aplicación diaria de las buenas prácticas emanadas del Protocolo referido.
Esta idea es congruente con lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12539 “S.C.F. y familiares Vs. Argentina”, del 31 de agosto de 2012, donde recordó que “en el marco de las obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, y según los estándares desarrollados en la presente Sentencia (supra párrs. 125 a 139), los Estados deben adoptar medidas para reducir las limitaciones o barreras y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas” (párr. 300).
El Taller de Formación se elaboró con el siguiente contenido y gracias a la valiosa colaboración y compromiso asumido por cada uno de los expositores que se mencionan, y de la experta internacional que colaboró gracias al aporte de EUROsociAL II, la notario Almudena Castro Girona.
Objetivo |
Promover el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores del sistema sobre las barreras socioculturales que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales y sobre la necesidad de adoptar medidas para su superación siguiendo las directrices establecidas por la CDPD y las Reglas de Brasilia. |
Contenido |
Tema / Expositor |
Material / Ejercicio |
Módulo I: Derechos de las Personas con Discapacidad |
“Principios y obligaciones generales de la CDPD. Modelo social de la discapacidad. Toma de conciencia” Expositor Pablo Rosales “Situaciones de especial vulnerabilidad. Mujeres” Expositora Ana Peláez C. |
Comparar definición término “discapacidad” en la CDPD y en la Ley 22431 Película “Yo, también” |
Módulo II: Diversidad |
“Estereotipos acerca de la discapacidad”. Expositor: Santiago Otamendi “La diversidad como riqueza del ser humano”. Expositor: Javier Romañach |
Juego de Rol Video “Al otro lado del espejo” |
Módulo III: Trato igualitario y no discriminación
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“Trato igualitario y no discriminación” Expositor: Víctor Abramovich Acceso a la Justicia PCD: Caso Corte IDH 12.539 “SCF y familiares vs. Argentina”. Expositora: María Fernanda López Puleio |
Análisis de un caso a la luz de la CDPD |
Módulo IV: Acceso a la Justicia
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“Artículos 12 CDPD. El derecho de la PCD al igual reconocimiento como persona ante la ley, con énfasis en el ejercicio de la capacidad jurídica y su relación con otros” Expositora: María Soledad Cisternas Reyes “Art. 13 CDPD. Ajustes razonables y sistema de apoyo en la toma de decisiones a la luz de la CDPD” Expositora: Almudena Castro-Girona Martínez
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Dramatización narrativa sobre la invisibilidad. Material práctico con el Protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. |
- Material Adicional
Experiencias relatadas por María Silvia Villaverde y María Graciela Iglesias relacionadas con la aplicación de ajustes a la luz de la CDPD.
- Plan de Formación de Formadores
Además del contenido del Taller, se elaboró un Plan de Formación de Formadores, a fin de que pueda ser puesto a disposición de distintos replicadores representantes del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa tanto a nivel federal como local. A través de la implementación de este plan de acción se pretende sensibilizar y proveer herramientas a los operadores que trabajan diariamente, en todo el país, con las personas con discapacidad. Ello en miras de, por un lado, adecuar la atención que prestan a las exigencias de los nuevos paradigmas que imponen los compromisos internacionales y por el otro, contribuir a superar la desconfianza entre las personas que intentan acceder al sistema de justicia y las instituciones que deben garantizar ese acceso.
Con ese objetivo, el Taller de Formación se elaboró –como se indica en el punto anterior- con contenidos teóricos en formato audiovisual, de manera de garantizar su réplica, y luego con diferentes ejercicios prácticos que deberá dirigir el replicador, con el objetivo de aprehender los contenidos brindados y facilitar ejemplos para su implementación. Además se diseñaron y elaboraron cuadernillos guía para cada replicador y cuadernillos con materiales de trabajo para los asistentes del curso.
Este Plan de Formación de Formadores, junto con el material, fue puesto a disposición de 70 replicadores del sistema de justicia -integrantes de las instituciones organizadoras y de las 24 escuelas judiciales provinciales del país (gracias al apoyo recibido por la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las provincias argentinas –JUFEJUS-)-. El Programa EUROsociAL financió la participación total de 16 representantes judiciales de las distintas provincias del país (seis de ellos defensores públicos oficiales federales designados por Res. DGN N° 1364/2013, a los efectos de que se constituyan como replicadores y se garantice la difusión e implementación del Protocolo en diferentes ámbitos del sistema de justicia de nuestro país, a saber: María Mercedes Crespi –Córdoba-; Gabriela Alejandra Maceda -Ushuaia, Tierra del Fuego-; Gustavo Adolfo Vargas -Eldorado, Misiones-; Juan Ignacio Pérez Curci –Mendoza-; Laura Armagno -Santa Rosa, La Pampa-; Gonzalo Javier Molina -Resistencia, Chaco-), y el alojamiento de los 24 representantes designados por JUFEJUS.
Jurisprudencia de Interés
Corte Suprema de Justicia de la Nación
* "Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C."
* "Cacciatori, Enrique Armando c/ ocupantes de la unidad funcional N° 5 de José María Moreno 75"
* "Carballo de Pochat, Violeta Sandra Lucía c/ANSeS s/ Daños y Perjuicios"
* "Faifman, Ruth Myriam y otros c/ Estado Nacional s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos"
* "G., A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y Perjuicios (acc.tránsito c/ lesiones o muerte)"
* "Pastrana, María Cristina y otros c/ Municipalidad de Coronel Pringles"
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
SALA I
* "ATyT Global Informations Solutions S.A. c/Mar del Plata Copan 95 SE"
* "V., N. C. y Otro c/Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/Amparo"
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
SALA A
* "Campos, Ana M. y Otros c/Empresa de Ferrocarriles Argentinos"
SALA C
* "Gutiérrez, Manuel T. c/Laurelli, Enrique y otra"
SALA F
* "Fraser Caddow, Juan c/Cardozo, Marcelo Daniel y Otro s/Daños y Perjuicios"
SALA G
* "Fumo, Juan C. y Otras c/Saavedra, S.A. Constructora"
* "Rodríguez de Barba, Susana c/Consorcio de Propietarios Galería Centenera 150"
SALA I
* "Consorcio de Propietarios Avda. Las Heras 2269/71/73 c/Edificio Las Heras 2263 S.R.L."
* "Daltolo, Osvaldo y Otros c/Transporte 22 de Septiembre S.A.C. s/Daños y Perjuicios"
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
El programa fue creado por Resolución DGN N° 499/12 del 16 de mayo de 2012 Y funciona en el ámbito de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación.
El Programa surgió frente a la necesidad de crear un área específica que atienda temáticas de salud, discapacidad y adultos mayores, para fortalecer las capacidades de los defensores públicos de la institución en la defensa de los derechos de los grupos alcanzados y promover políticas públicas orientadas a la sensibilización, concientización y protección de los derechos humanos involucrados.
En este sentido, el objetivo general del Programa es la promoción de actividades orientadas a la defensa y protección de los derechos humanos y la reducción de obstáculos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y los adultos mayores, a fin de alcanzar la igualdad material en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Dentro de las actividades que puede realizar se encuentran la elaboración de estrategias y proyectos de colaboración y coordinación de actividades para brindar una oferta integral de servicios que atienda las problemáticas derivadas de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores, así como también de la violación del derecho a la salud, brindando apoyo a los integrantes de este Ministerio Público de la Defensa, en coordinación con el resto de Programas y Comisiones de la Defensoría General de la Nación, e integrando a las distintas instituciones nacionales e internacionales que puedan colaborar con la prestación de estos servicios.
Responsable del área
Dra. Rosana Feliciotti
Contacto
Dirección: Callao 970 Piso 5º
Capital Federal-[Capital Federal]
Código Postal: 1023
Tel.: (011) 4814 - 8664 / 8404
Integrantes
Escalante Jonathan Patricio
Herbstein Martin Alberto
Pedrozo Analia Valeria
Ovejero Nancy Viviana
Espiño Rocha Romina Soledad
Feliciotti Rosana Beatriz