La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, el 21 de febrero pasado remitió  un oficio al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, brindando apoyo institucional a la solicitud de audiencia pública realizada por cuatro organizaciones de la sociedad civil, dirigida a supervisar el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso “F.,A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”.

El objetivo de la audiencia es el de verificar la observancia de los mandatos interpretativos dados por la Corte Suprema en dicho fallo, dirigidos a garantizar la plena accesibilidad a las interrupciones voluntarias de embarazos, de acuerdo con las permisiones reguladas en el art. 86 del Código Penal. En este sentido, las ONG peticionarias han detectado que en ciertas provincias argentinas aún no se cuenta con protocolos para el acceso al aborto no punible, mientras que en otras se imponen requisitos ilegales para realizar la práctica (tales como intervención de equipos interdisciplinarios, refrenda de alguna autoridad, restricciones en el acceso a la información para las interesadas,etc.)

La Defensora hace suyos los señalamientos de las organizaciones solicitantes (ADC, CELS, ELA y Amnistía Internacional) acerca de la existencia de heterogéneos obstáculos para el cumplimiento de lo dispuesto por la CSJN. Por su parte, justifica el pedido de audiencia destacando que al día de hoy perduran las barreras que el fallo tuvo en miras resolver. En adición, que habiendo pasado casi dos años de la sentencia, se han desplegado acciones judiciales “tanto para exigir lo mandado por la CSJN como para obstaculizarlo”.

En el documento, la Defensora, tal como lo había hecho durante el año 2013, advierte nuevamente que de no corregirse los obstáculos para el acceso al aborto no punible, “el Estado argentino seguirá sin honrar los derechos humanos de las mujeres y los compromisos constitucionales e internacionales asumidos”.

El oficio firmado por la Dra. Stella Maris Martínez también recuerda que el 23 de octubre de 2013 se dictó la Resolución DGN Nº 1365/13 en la que se instruyó a los/as integrantes del Ministerio Público de la Defensa a informar y asesorar adecuadamente a sus asistidas mujeres, niñas y adolescentes respecto de los alcances del derecho a la interrupción del embarazo, a no entorpecer de modo alguno el efectivo acceso a la práctica y a actuar con la celeridad y diligencia correspondientes para facilitarla.